La semana pasada el Presidente Alberto Fernández declaró “servicios públicos esenciales” a la telefonía celular y fija, a los servicios de internet y a la TV paga, a la vez que se decretó el congelamiento de las tarifas de estos servicios hasta el 31 de diciembre. Las empresas proveedoras no tardaron en reaccionar y se mostraron en pleno desacuerdo con la medida. Tanto compañías chicas como grandes advirtieron que los controles de precios afectarán su rentabilidad a un punto crítico, comprometiendo el normal funcionamiento de su tecnología.
La decisión de la Nación fue oficializada a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). La normativa determina, además del congelamiento de tarifas hasta fin de año, que las empresas no podrán aplicar aumentos en el futuro sin previa autorización del Estado. Por otro lado, cada proveedor tendrá que ofrecer planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria a sus usuarios.
Críticas a la medida
A través de su cuenta de Twitter, el Presidente justificó la medida argumentando que “la educación, el acceso al conocimiento, a la cultura y a la comunicación son derechos básicos que debemos preservar”. El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Gustavo López, salió a apoyar la decisión con un discurso casi calcado. “Quedó demostrado que los servicios de Internet, telefonía y de cable no son servicios suntuarios sino que son esenciales para el acceso al conocimiento, la educación, a la cultura pero también al trabajo y el desarrollo económico. Sin conectividad a Internet no hay desarrollo industrial ni económico posible”, sostuvo.
También el titular local de la Enacom, Guillermo Elizalde, apoyó la decisión. “Hay una importante cantidad de programas sociales que, para su aplicación, requieren de conectividad. Es por ese motivo que se debe garantizar el acceso a televisión, telefonía e internet. Todos deben ser considerados servicios públicos y deben llegar a la población a precios inclusivos”, comentó.
“Está decisión garantiza que los usuarios paguen el mismo precio hasta el 31 de diciembre. Enacom establecerá un tope de aumento y creará un servicio universal obligatorio e inclusivo priorizando llegar a todos los argentinos. Reducir la brecha digital, que no hayan niños y niñas sin educación ni salud, requiere un trabajo conjunto entre el sector público y el privado”, agregó.
Las empresas se han mostrado de acuerdo con la necesidad de mejorar el acceso a las telecomunicaciones, pero advierten que la intervención del Estado sobre las tarifas podría provocar la pérdida de calidad en los servicios prestados. Desde la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet (Cappi), consideraron que el desarrollo pleno, inclusivo y federal de la conectividad en Argentina puede alcanzarse rápidamente si quienes definen las regulaciones se interiorizan sobre lo que sucede más allá de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, y entienden la dinámica que se da en las pequeñas y medianas localidades, donde el 37% de los hogares aún no cuentan con una conexión de banda ancha fija, y donde los grandes operadores no tienen servicio.
“En esas localidades, por más pequeñas que sean, existe al menos una pyme que provee el servicio de internet, nacida en muchos casos por el empuje emprendedor de un vecino de esa misma localidad que, ante la falta de una oferta de conectividad, decide ponerla en marcha, generando inversión genuina y empleo local”, señalaron.
Mendoza no es una pequeña localidad, pero sí tiene muchas viviendas sin acceso a internet. De hecho, hay sólo 100.240 conexiones de internet fija entre hogares y empresas, según un informe publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Si se tratara sólo de puntos de acceso en viviendas, el porcentaje de conectividad sería sólo del 31%. Al agregar empresas, la tasa es incluso menor. Sí hay una mayor conectividad a internet por telefonía móvil (había 1.234.015 celulares con acceso a datos en el primer trimestre de 2020), pero en el último año se ha notado una tendencia de caída, lenta pero constante.
“Difícilmente se pueda alcanzar la universalización de los servicios de internet si el Estado y los legisladores siguen consultando y relevando solamente la opinión de tres o cuatro grandes operadores, desconociendo que el altísimo nivel de concentración que existe actualmente en el mercado de telecomunicaciones en Argentina requiere un abordaje de políticas públicas y regulaciones asimétricas que específicamente busque nivelar la cancha, impulsando una mayor participación de las pymes”, apuntaron desde Cappi.
Otras entidades y empresas proveedoras de internet, telefonía y televisión de todo el país se manifestaron en contra de la intervención del Gobierno a través de una solicitada publicada en los medios. Entre 20 firmantes, aparecen compañías de gran participación en el mercado, como Claro, DirecTv, Telecentro, Telecom, Telefónica y Huawei. “Semejante cambio de reglas intempestivo e inconsulto produce un profundo impacto negativo para todos los actores del sector TIC, inversores y sus cientos de miles de empleados en todo el país, en su cadena de valor y en toda la comunidad digital, trasladando incertidumbre a los clientes acerca de la calidad de prestación de los servicios que reciban en el futuro”, advirtieron.
Las compañías remarcaron que la normativa fue sorpresiva, dado que siempre se mantuvieron en diálogo con todas las autoridades, incluso para buscar alternativas que llevan alivio a quienes más lo necesitan. “La justificación de la urgencia para el dictado del DNU no se corresponde a la realidad de los hechos. Resulta por demás evidente que este cambio de reglas está poniendo un freno a la industria TIC en la Argentina y abre un serio interrogante dado el antecedente del congelamiento de precios del servicio de telefonía fija durante 15 años”, apuntaron.
Asimismo, mencionaron que otros países están buscando impulsar su desarrollo y sortear los efectos negativos de la pandemia, mientras que la medida dispuesta en Argentina va en un sentido contrario, generando un marco de absoluta incertidumbre. “En forma equivocada se califica a esta industria como servicio público sin ninguna necesidad y menos urgencia. Compartimos el objetivo de alcanzar la universalidad del acceso a todos los argentinos. Eso es una Política de Estado de desarrollo. El servicio público, en cambio, es una regulación limitante que no implica obligaciones per se y que genera desequilibrios en la inversión y los accesos”, explicaron las compañías. “Decretar servicios públicos a internet, TV paga y la telefonía celular no garantiza el acceso a toda la población y fundamentalmente busca intervenir en la gestión, eliminando incentivos para la innovación y competencia”, insistieron.
Voceros de Telecom sumaron su visión particular y comentaron a Los Andes que el anuncio del Gobierno Nacional resulta “altamente preocupante porque derivará en costosas distorsiones para la sociedad”.
De acuerdo a la empresa de telefonía, la experiencia muestra que los controles de precios provocan fuertes desincentivos a las inversiones y al avance tecnológico, impiden la libre competencia y deterioran la calidad de los servicios. “A su vez, estas medidas limitan, en lugar de expandir, el acceso a estos servicios, algo negativo para un país con elevadas brechas regionales de acceso a esos servicios como es la Argentina”, aseguraron.
Por su parte, Federico Márquez, gerente comercial de Aero Internet, opinó que no se puede pensar en crecer en cantidad de usuarios con acceso a los servicios de comunicación si no se piensa primero en la calidad del servicio, en la competencia. “No se puede pensar en el crecimiento en función de la protección del mercado. Nadie asegura los clientes sobre la mesa. Las empresas chicas necesitan que las dejen competir para seguir creciendo. La mejor manera de desarrollo en banda libre, donde operan las proveedoras de internet, es por medio de la competencia privada, para que se llegue más lejos y a mejores precios”, subrayó.
“Nuestro mercado está en el campo, porque allí, a las grandes prestadoras no les interesa llegar por la relación entre costo-beneficio. Los grandes competidores se centran en la zona urbana, nunca van a ponderar los pequeños nodos. Si por medio del DNU obligan a partir de mañana a atender estas zonas, manteniendo el precio y la calidad, porque brindamos un servicio público, las pymes quedarán fuera de mercado. No lo podremos hacer por los costos que se desprenden del tipo de cambio. Si nos imponen tener que asegurar el servicio a 70 personas, en un barrio, es inviable poder hacerlo respecto del nivel de facturación contra el gasto que representa en equipamiento”, indicó el empresario.
A esto, el gerente comercial de Aero Internet le sumó el problema de la inseguridad, que también atenta contra el desarrollo del sector. “El robo de las antenas es un problema. El Estado no puede controlar la seguridad (saber quiénes están robando los equipos o dónde los venden); de nada sirve una política nueva si el Gobierno muestra ineficiencia en lo que ya está establecido. Que se estén robando los equipos en las casas ya es escandaloso, porque lo robos son a particulares”, alertó.
“Cuando a las empresas las obligás a hacer inversiones dejan de hacer aportes sociales, de participar en la vida de la comunicad, de patrocinar actividades como el deporte”, concluyó.
Compartió la misma postura Rodolfo Bianchi, fundador y vicepresidente de Cappi. “Compramos los insumos en dólares (internet y equipos) y desde hace un par de meses comenzamos a advertir un desfasaje en los costos. Los costos siguen subiendo y nosotros hemos mantenido los precios, no por imposición sino porque consideramos adecuado para acompañar a los usuarios, pero la situación puede traer aparejado que los proveedores tengan que comprar menos internet y se resienta la calidad del servicio, o se invierta menos en equipos”, aseguró.
“Desde la perspectiva del usuario, el control de precios o un valor del servicio congelado pueden considerarse un beneficio en el corto plazo, pero si no se contemplan las inversiones, en su gran mayoría atadas a la evolución del dólar, que requiere una industria de capital intensivo como la de internet, puede ser una trampa que finalmente perjudique al usuario final, por la degradación del servicio que indefectiblemente se genera por la falta de inversiones en redes”, agregó.
Continuando con su postura, el presente de las empresas proveedoras de internet sostuvo que la mera calificación de un servicio o una actividad económica como servicio público no hace por sí misma que esos servicios sean más baratos ni mejores, o siquiera que lleguen a más personas, algo que desde su punto de vista sí puede lograrse generando condiciones de mayor competencia y una promoción activa e inteligente de la industria por parte del Estado, a través de políticas públicas de incentivo de la inversión, para que sean los actores del sector privado quienes lleven internet de calidad a precios competitivos al cien por ciento de los hogares del país.
Bianchi también hizo referencia a la falta de consulta por parte del Estado a la mayoría de las empresas de telecomunicaciones. “Le pedimos al gobierno que incluya a los pequeños proveedores de servicio en la mesa de discusión antes de que se emita la reglamentación correspondiente; que escuchen nuestros puntos de vista para el beneficio de todos los usuarios”.
“El Gobierno se reúne con los grandes empresarios y no nos convoca a los chicos. Somos 1.200 empresas que prestamos servicios en todo el país y estimamos que las pymes, tal como ocurre en Brasil (no hay una medición oficial en Argentina), representamos en conjunto un 40% del mercado del país”, declaró. De todas formas, el jueves pasado el Gobierno nacional se reunión con referentes del sector TIC para reglamentar la medida.
Qué proponen las compañías
Como se puede observar, los cuestionamientos de las empresas tienen que ver principalmente con las dificultades que pueden encontrar a la hora de mantener y mejorar sus instalaciones en un escenario de tarifas congeladas. Sin embargo, hay otros aspectos que para las compañías deberían ser revisados por parte del Estado.
Las empresas consultadas coincidieron en que se requieren reglas de juego claras para la puesta en marcha de infraestructura pasiva en todo el territorio nacional, mayores incentivos fiscales, herramientas de financiamiento y políticas de impulso para operadores pymes. Desde la Cámara Argentina de Pequeños Proveedores de Internet consideraron además que la unificación del precio mayorista de la conectividad a Internet, que hoy se paga en las localidades del interior alejadas de los grandes centros urbanos 5 ó 6 veces más cara que en Buenos Aires, debe ser parte de una política central de un Estado activo y comprometido con el objetivo de la universalización de la conectividad.
“La problemática vinculada a los permisos de obra y el bloqueo de acceso y compartición de los postes de tendido eléctrico, de luminarias y cableado de TV que frenan el desarrollo de nuevas redes de Fibra Óptica en innumerables localidades de la gran mayoría de las provincias, debe ser también parte de la regulación que la industria requiere si queremos lograr una reducción de costos en el despliegue de nueva y más moderna infraestructura que beneficie directamente a los usuarios, permitiéndoles acceder a un servicio de mayor calidad y mejores precios”, agregaron.
Desde Telecom, propusieron que, como alternativa a la tarifa básica universal anunciada e impuesta por el DNU, “se implementen políticas focalizadas de acceso, a menor costo y sin afectar los incentivos para el crecimiento de una industria estratégica, otorgando libertad a las empresas para desarrollar de forma competitiva sus actividades sin limitar su potencial de desarrollo”.
Por su parte, el comunicado conjunto enviado por 20 empresas y cámaras sectoriales de todo el país, plantea que para acelerar la inclusión digital se necesitan inversiones intensivas, de forma recurrente y a largo plazo para expandir los servicios. “La industria TIC en su conjunto es el sector que más invierte en la Argentina, junto con el petróleo (U$S#20.000 millones durante los últimos diez años, con su contribución del 2,4% del PBI). Para continuar haciendo las inversiones que lleven a más hogares a mejorar servicios y llegar a quienes aún permanecen desconectados, la industria necesita certidumbre”, reclamaron.
Atraso tarifario
El congelamiento de tarifas impuesto por el Gobierno nacional impedirá a las empresas proveedoras de internet, telefonía y televisión actualizar sus precios de acuerdo con el mercado y el avance mensual de la inflación. En el caso de las compañías proveedoras de internet, el gerente comercial de Aero explicó que se venía dando un atraso de forma voluntaria, como estrategia comercial.
No obstante, alertó que el Gobierno deberá permitir que las empresas puedan competir y ajustar sus precios. “Entendemos que hay inflación y también devaluación, pero los precios tienen que ir acompañando de la forma más pareja posible al IPC, porque los valores de los insumos cotizan en dólares y también van a aumentar los salarios de nuestro personal”, reclamó Márquez.
En caso de que esto no suceda, el empresario advirtió que el sector en su conjunto puede dejar de invertir en Argentina. “Se va a concentrar el mercado cada vez más, porque ya están frenadas las inversiones. Una empresa de Mendoza, por ejemplo, recurrió a un banco por un crédito y recibió la aprobación, pero después del DNU la entidad bancaria suspendió la financiación. No le van a prestar el dinero porque el panorama de la actividad es incierto. Es muy importante que el Gobierno nos convoque al diálogo antes de la reglamentación para que podamos explicar las cosas que nos suceden”, protestó.
Federico Márquez, comentó que durante la cuarentena no hubo un despegue económico generalizado, pese a que en los primeros meses hubo un período de crecimiento para el sector, producto de la demanda a causa de la retracción de las salidas.
