Con un consenso político total, avanzó este jueves en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que determina la obligatoriedad de acreditación inmediata en cuenta del comerciante de las compras realizadas con tarjetas de débito por parte de los consumidores.
El proyecto tuvo dictamen de mayoría en Diputados, en una reunión con conjunta de las comisiones de Finanzas, que conduce la oficialista Fernanda Vallejos, y de Comercio, que lidera la radical Gabriela Lena. El objetivo es tratarlo en el recinto antes de fin de mes.
La iniciativa es la sumatoria con mejoras de proyectos de ley presentados por Carlos Ponce y Ariel Rauschenberger, ambos del Frente de Todos. Juntos por el Cambio y Consenso Federal expresaron su acompañamiento.
Carlos Fernández, de la UCR bonaerense, pidió incorporar a las tarjetas prepagas (emitidas por fintech). Dijo que no pretendía modificar el dictamen, pero sí incluirlo cuando el tema se trate en el recinto. Vallejos se comprometió a tenerlo en consideración.
Así, si la iniciativa se convierte en ley, se establecerá un plazo de “inmediatez” para que las empresas administradoras de tarjetas transfieran a los comerciantes los montos de las operaciones realizadas por medios electrónicos.
La ley facultará al Banco Central a establecer los plazos y condiciones en que se efectivizarán las transferencias inmediatas. Además, esta adecuación no podrá influir en los costos de las comisiones, ni de transacción, ni de alquiler en los sistemas de captura de transacciones.
Además, el proyecto invita a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a que adopten las medidas necesarias para no gravar las operaciones con tarjeta de crédito, compra, débito y transferencias electrónicas.
Se pide expresamente que se eviten regímenes de retención o percepción que desalienten las operaciones con tarjetas de débito para monotributistas y micro, pequeñas y medianas empresas pertenecientes al sector comercio.
Transferencias inmediatas
Esta iniciativa va en línea con medidas en las que supo avanzar el macrismo y a las que el Frente de Todos le está dando continuidad, dado que no solo acorta los tiempos de depósito para los comerciantes, sino que alienta el “blanqueo” de operaciones.
Incluso el Banco Central anunció recientemente que aprobó el programa de Transferencias 3.0, una nueva normativa que empezará a operar el 7 de diciembre e impulsará los pagos digitales y promoverá una mayor inclusión financiera en el país.
El propósito de la modernización del sistema es expandir el alcance de las transferencias inmediatas, lo que permitirá construir un ecosistema digital de pagos abiertos y universales que esté en condiciones de sustituir al efectivo con eficiencia y seguridad.
Estas decisiones generan resistencia en algunas emisoras de tarjetas de crédito y dudas sobre el uso de la infraestructura de datos de las operadoras, ya que al promover pagos instantáneos y sin costos para los comercios, reduce el margen a la intermediación financiera.
En abril de 2019, el Banco Central redujo el plazo de acreditación de los pagos con tarjeta de crédito, de 19 a 10 días hábiles. En el caso del débito, el depósito se efectiviza entre 48 horas y 72 horas.
Consenso político
Alejandro “Topo” Rodríguez, diputado de Consenso Federal, pidió este jueves que el Congreso dicte una resolución que considere “de interés” al programa de Transferencias 3.0 del Central para dar una señal política de apoyo a estas iniciativas ante el lobby de algunas compañías.
“Propongo que consideremos declarar de interés al programa de Transferencias 3.0 para que sepan en Miami que el Congreso no se desentiende de lo que otros organismos formulan en pos del beneficio de la economía”, dijo Rodríguez.
Eduardo Fernández, del Frente de Todos, señaló que ya se ha escuchado a las entidades comerciales acerca de que en este marco de retracción económica de largo tiempo, esto parece ser “un pequeño aporte para el flujo financiero de sus cajas”.
En reuniones anteriores, se han presentado representantes de las emisoras y administradoras de tarjetas de créditos, quienes expresaron que la rentabilidad del sector va a sufrir un deterioro y expusieron dudas respecto de la capacidad para aplicarlo.
Hugo Romero, de la UCR Córdoba, indicó que es cierto que algunas administradoras han planteado dificultades para implementar la inmediatez en la acreditación de los saldos, pero consideró importante avanzar ante la demanda de los comerciantes.
“Todos compartimos la necesidad de fortalecer estos mecanismos de pago en una Argentina que necesita generar una fuerte inclusión financiera, pero sobre todo por los mercados irregulares y con evasión. Esto también ayuda en lo fiscal”, dijo Romero.
Rauschenberger, del Frente de Todos por La Pampa y quien presentó un proyecto en 2019, sostuvo que esto va a contribuir a blanquear operaciones, a que se termine la diferencia de precio entre el contado y el débito, y ayudará a mejorar la recaudación impositiva.
“Y se va a liberar sobre todo el bolsillo de los comerciantes”, dijo sobre la iniciativa que beneficiará en comercios minoristas, mayoristas, pymes o de cualquier otro rubro que busquen cobrar sus productos o servicios por medios electrónicos.
Vallejos señaló que el oficialismo intentará que la iniciativa se incorpore al temario de alguna de las sesiones que restan este mes, dado que el 30 de noviembre finaliza el período de sesiones ordinarias.
“Esto es importante no solo para las pymes, a los que se les da respuesta con esta iniciativa, sino para toda la economía. Las nuevas tecnologías contribuyen a un grado cada vez mayor de las operaciones”, dijo Vallejos. Y señaló: “El beneficio es generalizado”.
Jorge Rizzotti, de la UCR de Jujuy, le agradeció al oficialismo haber dado lugar a debatir el proyecto y por tener en consideración todos los agregados que propuso la oposición, con un “elevado nivel de consenso” sobre algo que “viene a traer justicia”.
