La ley que regula el teletrabajo está a un paso de su aprobación definitiva, luego de que la Cámara de Diputados le diera media sanción, la semana pasada. Sin embargo, todo apunta a que la discusión irá mucho más allá del Congreso de la Nación, dado el alto nivel de disconformidad que existe de parte de los empresarios de todo el país.
Lo cierto es que el avance de la pandemia del coronvairus hizo que cientos de miles de empleados dejaran de ir a sus oficinas para empezar a trabajar en casa y, ante ese escenario, surgió la necesidad de regular una actividad que hasta hace poco no era tenida en cuenta. El sector empresario mendocino no está en contra de que se establezca una reglamentación, pero sí rechaza la “excesiva regulación” que implica el proyecto que se está tratando.
Hay conceptos que no han generado debate, como el mantenimiento del salario para aquellas personas que hagan teletrabajo, pero hay otros aspectos del proyecto que sí son muy discutidos. Uno de ellos, es el hecho de que el empleador tenga que proveer el hardware, el software y el soporte necesario para el trabajo a distancia. Esto incluiría, por ejemplo, el servicio de Internet.
Por otro lado, la empresa tendría que pagar una parte de las boletas de luz y gas de sus empleados, equivalente al gasto que el empleado haga durante la jornada laboral dentro de su hogar.
Reclamo generalizado
La posición del empresariado mendocino respecto al proyecto de regulación del teletrabajo va en una sola dirección. Actores de las cámaras más representativas de la provincia se mostraron completamente en desacuerdo con la iniciativa. Si bien reconocieron la necesidad de imponer ciertos parámetros para “ordenar” el trabajo a distancia, advirtieron que el texto que se trata en el Congreso de la Nación es “restrictivo y anticuado”. De hecho, estiman que su implementación puede conducir al cierre de empresas, al avance de la informalidad y a despidos en diferentes rubros.
Federico Pagano, presidente del Consejo Empresario Mendocino (CEM), explicó por qué hay un rechazo generalizado a la propuesta. “Entendemos que hay un intento de organizar el teletrabajo, pero los esquemas de regulación son muy anacrónicos. En vez de estar mirando lo que se hace en el resto del mundo, donde el teletrabajo es un beneficio para el empleador y el empleado, los legisladores pretenden asimilar la reglamentación a un trabajo de oficina de los años ’80”, comentó.
“En vez de pensar en cómo hacer del teletrabajo algo más abarcativo, se está tratando de poner un manto de protección exagerada a quien hacía trabajo de oficina y hoy está en su casa por una cuestión coyuntural. Es una ley sacada por la coyuntura, pero que tendría que haber sido pensada con la mirada puesta en el largo plazo”, aseguró Pagano.
Se mostró de acuerdo Alberto Carleti, presidente de la Federación Económica de Mendoza (FEM). “No nos parece mal que exista una ley y que el teletrabajo esté regulado, pero consideramos que esta no es la ley adecuada y además, que no es el momento propicio para implementarla”, opinó.
Carleti justificó la postura de la FEM señalado que la legislación genera un trastorno grande sobre las empresas que se han visto obligadas a volcarse al teletrabajo de un día para otro a causa de la pandemia. “No hay manera rápida de adecuarse a los requisitos que exige el proyecto”, protestó.
Por otro lado, el empresario indicó que la iniciativa tratada por los legisladores tiene “muchos temas contraproducentes”. Por ese motivo, aclaró, la cámara está manteniendo diálogo con los Senadores Nacionales por Mendoza, Anabel Fernández Sagasti y Julio Cobos.
Alberto Carleti señaló además que la FEM adhiere plenamente a las consideración realizadas por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). La entidad publicó el jueves una serie de observaciones sobre el proyecto de regulación del teletrabajo. Entre ellas, se destaca por ejemplo el hecho de que, en el artículo 4, se establece que las plataformas y/o software deben desarrollarse de modo acorde a la jornada laboral establecida impidiendo la conexión fuera de la misma.
“Ello es conveniente en la medida que, por razones extraordinarias, se permita el acceso del trabajador a dicha plataforma con autorización del empleador, de manera de no establecer un esquema tan rígido que vaya en contra de la dinámica que necesite la empresa”, señalaron desde la entidad nacional.
En otro punto, la Confederación se refiere al artículo 14 sobre Seguridad e Higiene. “Se indica que los accidentes acaecidos en el lugar, jornada y en ocasión del teletrabajo, se presumen accidentes en los términos del art. 6° inc. 1° de la Ley 24.557 (Riesgos de Trabajo). Aquí la situación queda a la suerte de las ART y autoridad de control, ya que se pueden plantear un sinfín de casos”, advierten.
Mauricio Badaloni, presidente de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), también fue muy crítico con el proyecto. “Se está proponiendo un exceso de regulación que sin duda será restrictiva. Además, la ley está pensada en base a formas de trabajo que han quedado en el pasado. O pensamos en el mundo moderno, o seguimos pensando en el pasado, donde lo físico tiene una preponderancia distinta y lo virtual no es tenido tan en cuenta”, cuestionó.
Complementando su posición, Badaloni se refirió puntualmente al alto costo que generará la obligación que tendrán las empresas -en caso de que se apruebe la ley- de proveer de tecnología a sus empleados. “Supongamos que una empresa tiene un nodo con un valor de $ 100 mil para 50 computadoras. Con lo que exige la ley, no voy a poner un nodo de $ 100 mil a cada empleado, pero sí debería poner uno de $ 5 mil y el costo total se iría a $ 250 mil”, completó.
Por su parte, Daniel Ariosto, presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM), manifestó que la cámara que preside, junto a otras 15 entidades similares de diferentes puntos del país, está en total desacuerdo con la medida. “Están legislando para establecer un nuevo impuesto en época de pandemia, que perjudicaría mucho a las pymes de dos o tres empleados”, advirtió.
“El teletrabajo es una necesidad que surgió por la cuarentena, pero eso no significa que ahora deba entrar en un convenio colectivo de trabajo. Es una nueva imposición que quiere establecer el gobierno central que tenemos. Para nada estamos a favor de este nuevo proyecto de legislación. Lo consideramos nefasto”, insistió el empresario.
Consecuencias indeseadas
Para los empresarios, las exigencias de la regulación del teletrabajo terminarían teniendo efectos negativos sobre los propios empleados y para la economía en general. Ariosto, por ejemplo, explicó que a causa del sobre costo que la normativa significaría para las pymes, podrían producirse algunos despidos. “Hay empresas que ya han manifestado que no están en condiciones de adecuarse a la normativa. En caso de aprobarse, lamentablemente muchas pymes dependerán en un 100% del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) para pagar los salarios y en caso de no recibirlo, deberán despedir trabajadores”, lamentó.
Para Badaloni, de UIM, la consecuencia directa a la regulación del teletrabajo sería el aumento de la informalidad laboral. “En vez de tener un efecto inclusivo en todo el arco empresario, que permita que las pymes se transformen con esta modalidad, la regulación llevará a que las empresas terminen improvisando el trabajo a distancia maniobras informales”, apuntó.
“El teletrabajo es una actividad que hoy está trabajando bien y tiene una aceleración importante. Hay un vuelco importante a tratar de cumplir las tareas desde la casa. Si hay mucha regulación, solo unas pocas multinacionales podrán continuar desempeñándose de esta manera”, advirtió el presidente de UIM.
Por otro lado, el empresario consideró que la normativa traería también consecuencias negativas a aquellas personas que vienen haciendo trabajo a distancia desde mucho tiempo atrás, como es el caso de programadores, analistas e ingenieros en sistemas. Desde su punto de vista, las exigencias internas podrían derivar en que las grandes multinacionales dejen de contratar trabajadores en Argentina. “Hay muy buenos programadores en Perú y en otros puntos de Latinoamérica. Las grandes empresas no dudarán en buscar alternativas en otros países”, comentó.
Federico Pagano también hizo referencia a los trabajadores del sector TIC. “Lamentablemente quienes pensaron esta ley no lo hicieron buscando una economía que fomente la actividad. Por el contrario, están poniendo limitaciones que pueden volver inviable la actividad para muchas empresas y trabajadores”, indicó.
“Un ingeniero en sistemas que hoy cumple funciones para una empresa norteamericana, por ejemplo, corre riesgo de quedarse sin trabajo, por que la multinacional no aceptará proveerlos de una computadora o pagar sus servicios”, continuó.
“En el resto de los sectores, la regulación obligará a que las personas tengan que ir a trabajar de forma física. Es algo que va a contramano del resto del mundo”, concluyó el presiente del CEM.
