La asignación de poco más de 21.000 hectáreas por parte del Estado Nacional a dos comunidades mapuches en el sur mendocino encendió las alarmas en todos los niveles. Es que con esa entrega quedarían comprometidas distintas actividades económicas, desde la extracción de petróleo, el turismo y sector agropecuario, hasta la construcción del camino del paso Las Leñas.
Mediante las resoluciones 36 y 42 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) se reconoció la ocupación “actual, tradicional y pública” de tierras a la comunidad Lof Suyai Levfv en Los Molles, Malargüe, (3.584 metros cuadrados), y 21.370 hectáreas a los integrantes de la comunidad Lof en El Sosneado, distrito de San Rafael.
Precisamente en esta última zona es donde está centrada gran parte de la preocupación tanto gubernamental como privada, por las derivaciones que podrían existir. No hay quien no traiga a colación los conflictos con las comunidades autodenominadas mapuches en la Patagonia Argentina.
Dentro de las inquietudes oficiales y también empresariales está la traza de la ruta que conduce al futuro paso internacional Las Leñas, que precisamente recorre El Sosneado.
Además, hay dos áreas petroleras en juego y reservas naturales. Al combo se le suma que la zona es uno de los grandes atractivos turísticos que tiene San Rafael y tampoco falta el desarrollo agropecuario.
Por el momento todo se maneja en el plano de las especulaciones porque el área delimitada por el INAI no da precisiones más allá de un croquis que acompañó la publicación en el Boletín Oficial y hasta ahora nadie conoce donde está exactamente el territorio asignado. Entre tanto, el gobernador Rodolfo Suárez hizo pública la decisión de comenzar el proceso para solicitar la inconstitucionalidad de ambas resoluciones emitidas por el organismo nacional.
El otro frente de conflicto judicial lo tiene la empresa Sominar, que ostenta el título de propiedad de más de 300.000 hectáreas en El Sosneado desde 1942 y la medida los afecta de lleno.
El empresariado en su conjunto también alzo la voz y denunció lo que consideran un avance, liso y llano, sobre la propiedad privada y cierra la lista de involucrados la Municipalidad de San Rafael. Apenas se conoció la noticia, solicitaron información detallada para establecer los alcances de la resolución del Instituto de Asuntos Indígenas.
Petróleo y caminos
El que puso primera y decidió expedirse sobre el reconocimiento de tierras a dos comunidades mapuches en San Rafael y Malargüe de manera oficial fue el gobernador Rodolfo Suárez. El mandatario solicitó a la Asesoría de Gobierno y Fiscalía de Estado “que realicen los procedimientos necesarios ante los organismos competentes para declarar la inconstitucionalidad de las resoluciones nacionales que han determinado la entrega de tierras en el Sur de la provincia” (ver nota aparte).
Mientras avanza el proceso con miras a decantar en la justicia, en la Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial de Mendoza y en la Subsecretaría provincial de Minería y Energía continúan intentando delimitar la zona que se le reconoció a ambas comunidades. Sin embargo, el foco principal está puesto en el territorio sanrafaelino. Es que ambas carteras del gobierno provincial buscan establecer si las zonas afectadas quedan dentro o fuera, lejos o cerca, de las áreas petroleras de Petroquímica Comodoro Rivadavia y Vega Grande que es de Emesa. Además, están las reservas de Laguna del Diamante y Laguna del Atuel.
En una nota publicada a fines de agosto por este medio, se comentaba que Petroquímica Comodoro Rivadavia estaba comenzando inversiones en cumplimiento de una extensión obtenida hasta 2035 de una concesión en El Sosneado. El decreto que autorizaba esa prórroga, firmado por el gobernador Suarez en junio, indicaba que la empresa debía hacer un plan racional de explotación, con una inversión total de U$S 18.950.000. Esa inversión incluía perforar 6 nuevos pozos de desarrollo y reparar 12 pozos existentes, hacer inversiones en medioambiente y perforar un pozo según un cronograma establecido por el Ministerio de Economía y Energía.
Pero también entró en juego otro detalle que hasta ahora nadie tenía en cuenta, la traza del camino que conducirá al futuro paso internacional Las Leñas. La ruta, que sería la 220, recorre casi todo El Sosneado por la margen norte del río Atuel hasta llegar al límite. “¿Qué pasa con la ruta o qué pasaría si la traza queda dentro del área asignada a esta gente? ¿O si queda cerca? ¿Y si pasa lo mismo que en el Sur del país?”, se preguntó un empresario sanrafaelino que puso en agenda el tema.
Precisamente el cruce fronterizo Las Leñas es uno de los reclamos históricos de la Cámara de Comercio de San Rafael. Hugo Tornaghi, presidente de la entidad empresaria, evitó hacer declaraciones al respecto, sin embargo planteó un gran signo de interrogación sobre las derivaciones que puede tener ese aspecto en particular. “Lo estamos estudiando”, se limitó a decir.
Avance sobre la propiedad
En cambio Tornaghi optó por pronunciarse sobre lo que considera “un avance sobre la propiedad privada” al reconocérsele tierras a los mapuches en El Sosneado. “Esas tierras tienen dueño (empresa Sominar) por eso nos preocupa mucho esta resolución. Lo que está sucediendo es muy grave”, dijo el presidente de la cámara sanrafaelina.
La firma Sociedad Minera Argentina S.A (Sominar) en 1942 adquirió 328.400 hectáreas que conforman lo que se conoce como Estancia El Sosneado. Por el lugar surcan los río Atuel y Diamante. En el territorio hay disponibilidad de piedra caliza (carbonato de calcio) y yeso, granitos negro y rojo y lajas de diversos tipos, entre otros.
Además, Sominar tiene emprendimientos ganaderos y agrícolas y hay un amplio desarrollo turístico que tiene como punto de partida el viejo hotel de El Sosneado y las aguas termales. Realizan cabalgatas o expediciones a alta montaña. La zona es un gran atractivo para el turismo en particular internacional.
Si bien son los afectados directos por la resolución del INAI, desde la empresa no quisieron hacer declaraciones, momentáneamente, pero aseguraron que están trabajando con abogados para delinear la estrategia a seguir.
En la Municipalidad sanrafaelina también se encendieron alarmas por la resolución del INAI que afecta territorio propio. El intendente Emir Félix, que forma parte del Frente de Todos y hasta suena como posible candidato a la gobernación por el peronismo mendocino, se desayunó del reconocimiento de tierras a la comunidad mapuche al igual que todos, una vez que se publicó en el Boletín Oficial.
Según comentó una alta fuente comunal, “el intendente pidió el expediente completo para saber los alcances que tiene y hasta no tener toda la información no va a opinar sobre el tema. Y sí, está preocupado”.
