Luego de conocerse que el déficit fiscal de 2023 fue de 6,1%, el Gobierno nacional insistió en que realizará el ajuste necesario para alcanzar el equilibrio presupuestario este año y sumó otro round en la pelea con los gobernadores por la sanción de la Ley Ómnibus al prohibirle a los bancos provinciales prestarle dinero a sus Estados.
En las últimas horas el Ministerio de Economía publicó el resultado final de diciembre y el cierre anual, que incluye acciones tanto del gobierno saliente como el impacto de algunas medidas tomadas por el actual Poder Ejecutivo.
El ministro de Economía, Luis Caputo, señaló que el déficit de 2023 “fue más alto del esperado”, pero reiteró que en 2024 se eliminará.
Según los datos oficiales, el ejercicio del año pasado cerró con un déficit primario (previo al pago de intereses de la deuda) de 2,7% del PIB –equivalente a $ 5,4 billones-, 0,8 puntos por encima del 1,9% que el gobierno de Alberto Fernández se había comprometido a alcanzar al firmar la renegociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que derivó en un desembolso de U$S 7.500 millones en septiembre.
En tanto, el déficit financiero (luego del pago de intereses) fue de $ 6.1 billones, equivalente a 3,4% del PIB. De esta forma, el desequilibrio total de las cuentas públicas ascendió a $ 11,5 billones, un 6,1 del PIB.
El economista Salvador Vitelli publicó en la red “X” un gráfico en el que mostró la evolución fiscal en los últimas seis décadas: “De 63 años, 57 fueron deficitarios a un promedio de 4% por año”, decía el posteo.
Caputo destacó la publicación y señaló: “Este gobierno está decidido a terminar con este flagelo que nos ha llevado a la situación actual”.
Además aprovechó la oportunidad para enviarle un mensaje al Congreso y en especial a los gobernadores: “El compromiso de llegar a déficit cero, no va a cambiar, se apruebe o no la ley”.
Para reforzar su posición y acorralar aún más a las provincias Caputo y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, decidieron no prorrogar la autorización para que los bancos provinciales financien a los estados locales. “Es una mecánica que utilizaban muchas veces para cubrir sus necesidades financieras urgentes”, señaló el vocero Manuel Adorni, bajo instrucción de la autoridad monetaria.
De esta forma, si la ley se empantana el Gobierno ya adelantó que habrá un ajuste mayor en las transferencias a las provincias, las que además a partir de hoy ya no cuentan con la posibilidad de pedirle créditos a sus propias instituciones bancarias. Esta situación las dejaría mucho más al borde de tener que emitir cuasimonedas.
El nivel de déficit fiscal con el que Javier Milei tomó el Gobierno muestra que la magnitud del gasto público argentino no se compensa sólo con “ajuste a la casta política”.
En consecuencia, el gobierno acelerará en las próximas semanas con una batería de medidas para cerrar el bache: quita de subsidios, reposición del impuesto sobre asalariados y una nueva fórmula jubilatoria.
“Las cuentas están despedazadas y vamos a lograr el equilibrio fiscal a como dé lugar”, insistió hoy el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Por otra parte, cabe recordar que el Gobierno se comprometió con el FMI a lograr un superávit primario de 2% del PIB, lo cual significa un ajuste global de 8% del PIB más los 10 puntos que deben sanearse del Banco Central.
Los números del mes de diciembre son elocuentes y cuando se desagrega cada ítem queda expuestas las consecuencias del “plan platita” con la que el ex ministro de Economía, Sergio Massa, quiso mantenerse en el poder.
Por ejemplo, durante diciembre los gastos en prestaciones sociales (incluyen jubilaciones y planes) subieron 140% a $ 3,1 billones, o sea casi unos 60% por debajo de la inflación.
Sin embargo, los subsidios económicos se multiplicaron por seis al llegar a $ 702.000 millones. Aquí deben computarse las compensaciones hacia tarifas de transporte y de energía y los planes de devolución del IVA en las compras que eran pagadas desde el Tesoro Nacional.
Este es uno de los puntos de discusión con los gobernadores, que pretenden que en lugar de aumentar las retenciones, el Ejecutivo nacional avance más rápido en la quita de subsidios para el AMBA.
También contribuyeron al desequilibrio las transferencias corrientes a provincias que subieron 355,2% a $ 295.000 millones, luego que el ex ministro Sergio Massa, les habilitaría fondos adicionales para pagar los salarios de diciembre.
Un agujero negro por el cual se alimentó el déficit fiscal resultó el ítem “otros gastos corrientes”, que pasaron de $ 43.000 millones en diciembre de 2022 a $ 248.000 en el cierre de 2923.
No obstante, también cabe mencionar que Caputo habría manipulado algunas cifras del balance final de 2023 para llevar agua para su molino. El pago de intereses de deuda en diciembre de 2023 por $ 3,3 billones, incluiría el pago anticipado de $ 2,9 millones de bonos de deuda, según alertó la consultora Aurum Valores.
