“El informe tiene casi mil páginas, es muy sólido, contiene distintas propuestas y, lo principal, no está direccionado hacia ningún lado político como algunos prejuzgaron”, dijo el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez, integrante del consejo asesor -o ”comisión Beraldi”, porque la integra el abogado de CFK- nombrado por Alberto Fernández para elaborar una propuesta para mejorar el funcionamiento de la justicia.
Sin embargo, el dato polémico se refiere a una cuestión caliente en la agenda pública. Gil Domínguez calificó de “ardua” la discusión sobre el Ministerio Público, organismo donde revistan los fiscales federales. “Se discutió el actual mecanismo de designación del Procurador, los plazos en el cargo y la remoción”, dijo.
“Hubo seis consejeros que votaron a favor de modificar los dos tercios actuales que se necesitan en el Senado para aprobar el pliego de un procurador para pasar a una mayoría absoluta (mitad más uno de los senadores); mientras que cinco consejeros plantearon mantener el actual mecanismo”, contó el abogado.
Actualmente, oficialismo y oposición mantienen una pulseada en el Senado respecto a la designación como Procurador del juez federal Daniel Rafecas, propuesto por el presidente Fernández para remplazar al interino en el cargo, Eduardo Casal.
El enfrentamiento no sólo es con la oposición: la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, también quiere bajar la cantidad de votos necesarios para el acuerdo del Senado, algo que el propio candidato Rafecas rechaza, porque quiere el aval de los dos tercios, lo que incluye votos de la oposición. Más aún, hay observadores que interpretan el relajamiento de las mayorías que impulsa la Vice como un síntoma de que no quiere al candidato del Presidente.
El grupo de expertos propone que el Procurador dure en el cargo cinco años renovables por un período.
El informe ya está en manos de Fernández, quien por decreto había creado el “Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público” para que en un plazo de 90 días elaborara una propuesta.
Según afirmó a este diario Gil Domínguez, el consejo asesor no hizo ninguna recomendación ni se expresó sobre el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y una eventual ampliación del cuerpo. “Este no era un tema habilitado en el decreto; el Presidente no nos consultó sobre este tema”, explicó. Sí, en cambio, el informe contiene una propuesta para reestructurar el Consejo de la Magistratura.
“Se buscó darle mayor equilibrio a la composición del Consejo de la Magistratura. Así entendemos que cada estamento (abogados, jueces, legisladores y académicos) debe contar con cuatro miembros y pasar de los 13 consejeros actuales a 16. Un 25 por ciento para cada sector”, dijo Gil Domínguez. Hoy, el ala política tiene siete representantes (seis congresales y un representante del Ejecutivo) en el Consejo de la Magistratura.
También se propone que la actividad de los consejeros sea con “dedicación exclusiva” o “full time”. Esto es, el juez o legislador que integre el Consejo de la Magistratura debe renunciar o pedir licencia. Los consejeros cobran un salario equivalente al de un camarista judicial.
También se propone que “los jueces reciban capacitación permanente, y que cada siete años rindan un examen”.
Sobre la Corte Suprema los expertos discutieron su actual funcionamiento. Se coincidió en la necesidad de crear un Tribunal Federal de sentencias arbitrarias, para que la Corte Suprema trate solo los casos constitucionales y de tratados de Derechos Humanos. A este tribunal llegarán los casos desde las Cámaras Federales y los tribunales provinciales, como un filtro para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Tribunal Federal tendrá plazos para resolver los casos.
La “Comisión Beraldi” redactó un informe de 750 páginas
El informe le fue entregado el martes a la noche al coordinador del consejo, Fabián Musso, el encargado de presentarlo al Poder Ejecutivo. En la mañana de ayer, el presidente Alberto Fernández dijo que aún no había leído el trabajo. “Leo por los diarios lo que piensan (los consejeros), pero nunca llamé a ninguno a preguntarle, con lo cual tengo la tranquilidad de que se movieron con libertad”, dijo el Presidente.
En los próximos días se formalizará la entrega del informe al Presidente. El 29 de julio pasado, se realizó un acto en la Casa Rosada, con la presencia de los integrantes de la Corte, en el que Fernández presentó el Consejo Asesor de 11 juristas. Allí estuvieron la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti y el diputado nacional José Luis Ramón.
La integración del consejo fue confeccionada por Fernández y sus asesores. La oposición criticó la conformación del comité. Se hizo foco en Carlos Beraldi, abogado penalista que desde hace años representa a la vicepresidenta Cristina Fernández en distintas causas judiciales. Por eso se la conoce como “Comisión Beraldi”.
“Injustamente la bautizaron ‘comisión Beraldi’ y algunos dijeron que se había conformado para ajustar la composición de la Corte a los intereses de Cristina Kirchner. Pero no discutimos la conformación de la Corte, a la vez que elaboramos una propuesta para modificar el número de integrantes del Consejo de la Magistratura, establecido por una ley de Cristina”, dijo Andrés Gil Domínguez a Los Andes.
Hasta anoche no se había difundido oficialmente el trabajo, que, de acuerdo a la agencia estatal Télam, cuenta con “unas 750 páginas divididas en cuatro capítulos y un anexo”.
Gil Domínguez, no obstante, comentó a este diario algunas de las propuestas.
Además de Gil Domínguez y Carlos Beraldi, integran el Consejo Consultivo, el ex camarista León Arslanián, los abogados Gustavo Ferreyra y Marisa Herrera; los integrantes de cortes provinciales como Omar Palermo (Mendoza), Inés Weinberg de Roca (CABA), Hilda Kogan (Buenos Aires), Claudia Sbdar (Tucumán) y María Battaini (Tierra del Fuego) y Enrique Bacigalupo, argentino exiliado que fue juez en España.
