Las regalías que recibe Mendoza por la energía generada por Nihuil I, II y III se comparten con La Pampa desde 1973. Pero la provincia es la única en el país que “posee la fuente” del agua con la que se produce la electricidad y aún así tiene que compartir los ingresos con otra, por lo que existen suficientes argumentos jurídicos para reclamar la totalidad de los ingresos pasados y futuros. De hecho, se trata de una de las cartas que Rodolfo Suárez se está guardando para jugar tras las reunión del Coirco, el próximo 26.
Si bien se sabe que el mandatario no quiere conflictos, lo cierto, es que la demanda por las regalías de los Nihuiles le posibilitaría a la Provincia recibir más de U$S 116 millones (unos $ 8.000 millones), una estimación de 2014 que debe actualizarse.
En la actualidad, los reclamos administrativos se agotaron y el Gobernador es quien debe iniciar una demanda, que está lista desde principios de año, pero según confirmaron en Fiscalía de Estado se espera su firma. El reclamo incluiría 47 años de retroactividad, más el dinero extra que ingrese desde que la Justicia avale la posición mendocina.
En el medio, las tensiones entre Mendoza y La Pampa por el caudal de los ríos se avivaron con los avances para comenzar a construir Portezuelo del Viento y este antiguo reclamo habría pasado a un segundo plano. Así, en Casa de Gobierno señalan que por ahora Suárez quiere ver primero el resultado de la reunión con los gobernadores de las otras provincias que integran el Coirco (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado).
Se trata de un reclamo distinto, pero Mendoza quiere evitar retrasos en el inicio de Portezuelo del Viento, y el acuerdo entre Río Negro y La Pampa para que se haga un estudio de impacto ambiental en toda la cuenca del Colorado, al que se sumaron Neuquén y Buenos Aires, podría poner en peligro el cronograma y también la obra. Esas provincias piden el manejo conjunto de la represa.
El conflicto
Guarino Arias es un destacado especialista en derecho de aguas y explicó en resumen de dónde surge el conflicto con la vecina provincia.
“Ellos están pidiendo 4,5 m3 por segundo para que llegue a su territorio, cuando el río tiene un caudal de 15 m3 por segundo (menos de la mitad del registro histórico de 34 m3), que no alcanzan para regar las hectáreas mendocinas empadronadas; el segundo punto tiene que ver con las regalías”, explicó el abogado.
En 1938, había en Mendoza 132.000 hectáreas empadronadas bajo riego en el río Atuel, mientras que en La Pampa no había “porque el agua no llegaba en forma perenne al territorio pampeano, sino en ocasiones extraordinarias en las que las precipitaciones eran abundantes para la cuenca media, o se producían nevadas copiosas para la cuenca alta”.
En esas ocasiones, graficó Arias, se producían grandes avenidas de agua que inundaban los cultivos del sur mendocino. La Cámara de Comercio de San Rafael tomó la posta y solicitó una solución que en 1941 se materializó con la autorización nacional para construir el embalse El Nihuil con las obras complementarias para aprovechar la energía.
“La Nación celebró un acuerdo con Mendoza ese mismo año para establecer las bases y las condiciones de la obra, y para que la Provincia recuperara el dominio una vez que hubiera pagado los costos. Eso se acompañó con una ley provincial por la que se establecía una tasa para los productores empadronados para pagar la obra”, explicó Arias.
“En 1941 La Pampa era territorio nacional y se volvió provincia en 1952. Para 1947, cuando se terminó el Nihuil, el convenio con Mendoza tenía un apoyo legal para el uso del agua, entonces no se puede acusar de haber robado algo cuando se hizo de forma legal y se pagó”, agregó.
Años después, la Corte declaró que el río era interprovincial apelando al concepto geomorfológico, señalando “vestigios del cauce” por los que se podía considerar que había pasado por el territorio pampeano.
No obstante, el Código Civil que se puso en vigencia en 2015 reafirma lo escrito por la norma de Vélez Sársfield en la que se establece que “estamos en presencia de un río si hay agua, cauce y niveles”. “El río nunca pasó por La Pampa porque para ser considerado como tal debe haber condición de perennidad en el cauce”, resumió Arias.
En cuanto a las regalías, Arias señaló que en 1973 se otorgó un derecho a La Pampa “que no le correspondía” y remarcó que de las 43 centrales hidroeléctricas del país, Mendoza es la única a la que se le paga en un “supuesto condómino de un río”.
“Las regalías son una contraprestación que las concesionarias o el propio Estado dan a la provincia en la que está la fuente de la generación de energía, y en julio de 2016 el Procurador del Tesoro le puso fin al tema, y dictaminó que le correspondían a Mendoza”, comentó.
El procurador le elevó al Presidente el pedido para que dictara el decreto revocatorio al 1560 (de 1973), pero eso no sucedió. Entonces el gobernador y el fiscal de Estado, Fernando Simón, interpusieron la acción de “pronto despacho” para que en 30 días se revocara o se abriera la puerta para que sea la Justicia la que ordene anular el decreto, y entonces La Nación y la Pampa serán “solidariamente responsables por el dinero que no se le pagó a Mendoza”, afirmó Arias.
Un peronista que pide iniciar el juicio ya
Mientras se resuelve la situación de fondo, el presidente del Bloque de Diputados del PJ, Germán Gómez, explicó que está pendiente de ser tratado un proyecto de ley por el que se busca que las regalías pasadas y futuras se destinen al mejoramiento de los recursos hídricos y a realizar perforaciones en toda la provincia para la gestión de las aguas subterráneas.
“El Gobernador va a tener que iniciar la demanda porque se agotaron todos los pasos administrativos y el Ejecutivo Nacional, ni de un gobierno ni del otro, lo resolvió”, consideró Gómez y destacó que de esa forma Mendoza recibirá recursos que le son propios y que necesita con urgencia.
