El fiscal Carlos Torres brindó detalles, en una entrevista en radio Nihuil, sobre los incidentes ocurridos en Uspallata, donde dos personas fueron detenidas tras agredir a asistentes a la inauguración de una oficina de la Cámara de Proveedores Mineros. Según explicó, uno de los detenidos enfrenta cargos por incendio, mientras que el otro fue imputado por lesiones leves dolosas.
Aunque ambos delitos son “excarcelables”, la investigación avanza con la recolección de pruebas, como el análisis de cámaras de seguridad y el secuestro de un bidón con combustible. Torres adelantó que en los próximos días se podrían agregar nuevos elementos a la causa, lo que podría influir en la situación procesal de los imputados.
El fiscal señaló que se están analizando tanto las agresiones directas a las personas en el evento como el posible rol de instigadores. “Estamos trabajando fuertemente para identificar a aquellos que incitaron y llevaron a cabo estos ataques”, comentó Torres, aunque evitó dar nombres específicos.
En cuanto a los detenidos, Torres explicó que ya fueron imputados formalmente y que, aunque aún no han solicitado un abogado particular, están siendo asistidos por un abogado de oficio. “La decisión de declarar es facultad de los imputados, pero, si lo hacen, su versión será escuchada y considerada dentro de la investigación”, explicó el fiscal.
Sobre el estado de los detenidos, Torres aclaró que uno de ellos fue el responsable de encender el fuego, mientras que el otro agredió físicamente a los organizadores del evento. “Afortunadamente, no se registraron lesiones graves, aunque sí hubo daños materiales y algunas lesiones leves en las personas presentes”, concluyó.
Torres destacó que, aunque la pena por lesiones leves dolosas es relativamente baja, el contexto de los hechos agrava la situación. “No es un hecho menor que se haya producido una agresión a uno de los organizadores, y lo que está surgiendo es que este ataque estaba planificado”, señaló el fiscal, lo que podría implicar una mayor complejidad en el caso.
Respecto a la posible libertad de los detenidos, Torres explicó que los delitos imputados son “excarcelables”, es decir, los acusados podrían recuperar su libertad si no existen riesgos de fuga o de entorpecimiento de la investigación. “En principio, son delitos excarcelables, pero esto depende de las circunstancias y de si se evalúa el riesgo de fuga o de manipulación de pruebas”, indicó Torres.
En cuanto a las pruebas recolectadas, el fiscal confirmó que se secuestró un bidón con combustible, pero desmintió la presencia de bombas molotov. “Lo que se secuestró fue el bidón con el combustible, y estamos analizando las cámaras de seguridad del lugar para obtener más información”, dijo.
El análisis de las cámaras podría proporcionar una visión más clara de lo ocurrido, pero la recopilación de pruebas se ha visto algo retrasada. No obstante, Torres confía en que en las próximas horas se podrán analizar los materiales obtenidos y avanzar con la investigación.
“Calculamos que hoy o mañana tendremos todo el material analizado y podremos avanzar con la investigación, notificando a los imputados sobre nuevos elementos y resolviendo su situación procesal”, concluyó el fiscal.
