Se cumplieron recientemente 30 años de la reforma constitucional argentina de 1994. El análisis objetivo del cuadro de situación de aquellos tiempos condujo a una lectura inevitable de la última reforma. Los referentes que tenían en ese momento los dos partidos mayoritarios de Argentina, el entonces presidente justicialista Carlos Menem y el ex presidente radical Raúl Alfonsín, alumbraron aspectos a consensuar entre las dos fuerzas políticas que dieron paso al “Núcleo de Coincidencias Básicas”, más conocido como “Pacto de Olivos”.
La habilitación de la reelección presidencial favoreció las expectativas del entonces presidente de la Nación, mientras que la búsqueda de una atenuación de aspectos del sistema presidencialista argentino no se reflejó en la realidad institucional en estos 30 años.
Sin embargo, la reforma introdujo cambios trascendentes. Entre los más importantes cabe señalar haberle conferido jerarquía constitucional a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Y se incorporaron nuevos derechos, como el de los consumidores, al medio ambiente sano, la protección de los datos personales, la acción de amparo y el hábeas data, que protege el uso sin consentimiento de los datos de identidad, salud y crédito.
También surgieron en la letra y espíritu de la Constitución la figura del Defensor del Pueblo, la Auditoría General de la Nación, la autonomía del Ministerio Público. Se estableció el Consejo de la Magistratura como órgano decisivo en la nominación y control del desempeño de los jueces. Fue creado el cargo de Jefe de Gabinete de Ministros y se reconoció la calidad de ciudad autónoma a Buenos Aires. Un avance para las provincias fue que quedara firme en el nuevo texto que las mismas poseen el dominio de sus recursos naturales.
En materia electoral hubo importantes reformas: elección directa del Presidente de la Nación, con posibilidad de segunda vuelta electoral (balotaje). Se acortó el mandato presidencial a cuatro años, pero se permitió una sola reelección. Además, se dispuso la elección popular de los senadores nacionales, sumándose un tercer representante, surgido de la minoría, por cada provincia.
Para el periodismo independiente y profesional hubo una salida superadora al quedar consagrado en el texto constitucional el secreto de las fuentes. Se trata de un derecho vanguardista que resguarda la indispensable investigación periodística de los hechos que ocurren. Como bien señala la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), en los tiempos actuales la privacidad y la propiedad de los datos cobra enorme relevancia en virtud de uso que las plataformas tecnológicas hacen de los mismos. “Hoy, a la vez, el secreto periodístico es un límite claro contra quienes buscan desacreditar denuncias de corrupción o confundir a periodistas”, remarca la entidad.
Estos aspectos referidos a la libertad de prensa permitieron frenar embestidas contra medios y periodistas que existieron y existen en todo el trayecto democrático iniciado a fines de 1983. Además, como hemos señalado desde este espacio en oportunidades anteriores, lamentablemente, en nuestro país los alcances de la Constitución Nacional no siempre han sido aplicados conforme a su espíritu. Por esa razón surgieron interminables conflictos institucionales que derivaron o en alteraciones del orden constitucional o un uso abusivo de los atributos presidenciales por encima de las funciones legislativas y hasta judiciales.
De todos modos, hay coincidencias en que las ideas que dan fuerza a normativas que sustentan las bases institucionales de una nación no caducan con el tiempo. Simplemente es necesario que la dirigencia de turno, a cargo de la administración del Estado, observe el cumplimiento de las mismas y, si se requiere, adapte la instrumentación correspondiente a las necesidades temporales.
