Luego de un año de negociaciones, la oposición de Venezuela acordó con el régimen gobernante en ese país un acuerdo que debería conducir a la normalización institucional demandada por la comunidad internacional y por una mayoría ciudadana oprimida por las autoridades. Como dato saliente de la sellada reanudación del diálogo político, se creará un fondo social, manejado por las Naciones Unidas, con la finalidad de atender la difícil crisis que el país caribeño.
Este fondo se constituirá a partir de la progresiva liberación de los recursos congelados al Estado de Venezuela en el sistema financiero internacional. Se trata de un total de 3.000 millones de dólares que se rehabilitarán en forma progresiva.
De este total, 1.000 millones de dólares se volcarán al sistema de salud. Similar monto irá a reforzar el sistema eléctrico venezolano, mientras que el resto se volcará en la asistencia de sectores sociales afectados por contingencias climáticas extremas recientes y a los segmentos más pobres de la población.
Más allá del uso de los mencionados fondos, el acuerdo entre el régimen chavista y la oposición pretende definir las condiciones en las que se desarrollarán las próximas elecciones presidenciales, en 2024. Y en ese contexto, la liberación de presos políticos en manos del Estado, además de la eliminación de las inhabilitaciones para ejercer la política con la que el gobierno dictatorial silenció voces opositoras.
Expectante por este acuerdo, sellado recientemente en México, Estados Unidos accedió a disminuir sanciones petroleras impuestas en su momento contra Venezuela como represalia por el autoritarismo de Maduro y su régimen. El contexto económico internacional, mucho más complejo a partir del conflicto bélico generado por Rusia en Ucrania, de algún modo obligó al gobierno de Biden a contemplar la posibilidad de corregir políticas. Por ejemplo, las directivas de Washington autorizan a la compañía Chevron a volver a utilizar su capacidad instalada en territorio venezolano.
Sin embargo, continuarán vigentes otras sanciones y restricciones, puesto que el gobierno de Washington se encargará de monitorear en forma permanente el avance de lo acordado, con el propósito de garantizar la apertura política que el régimen venezolano se compromete a cumplir a partir del entendimiento al que arribó con la oposición.
Esas urgencias de Occidente en materia energética por los efectos de la guerra, en medio del crudo invierno en el Norte, incentivó a Nicolás Maduro, luego de muchos años de cerrazón, a cambiar drásticamente su postura e invitar a empresarios extranjeros a invertir en las fuentes petroleras de su país. Obviamente, siempre pensó el mandamás venezolano en la posibilidad de que dicha flexibilización motive a Estados Unidos para ablandar su rigurosidad, lo cual, como hemos señalado, comenzó a producirse.
Es de esperar que los avances logrados con la promesa de diálogo, fundamentalmente por parte de los representantes del régimen venezolano, se concreten en una apertura política que le devuelva institucionalidad y vida republicana a un país cuya sociedad, mayoritariamente, ha tenido que soportar décadas de declinación social y económica por el uso abusivo del poder, con prepotencia y corrupción.
