Las recientes protestas de trabajadores de Aerolíneas Argentinas y del sector de equipaje –bajo responsabilidad de la empresa Intercargo– complicaron los vuelos de miles de personas, con fuerte impacto en las agendas personales y en la actividad económica del país.
En todos los casos, las prolongadas asambleas y medidas de fuerza incluyen un reclamo salarial y de mejores condiciones laborales. En la práctica, en tales peticiones subyace una razón política para desbaratar los planes del Gobierno nacional para con el sector.
El servicio de la empresa estatal de aeronavegación es imprescindible para las regiones más apartadas del país, incluso en los tramos donde la actividad no resulta rentable para las compañías privadas.
Estas dos razones son parte de los argumentos que justifican que la Argentina posea una aerolínea de bandera. El país cuenta con un vasto territorio de norte a sur y con poblaciones asentadas en lugares alejados de las grandes urbes, que deben ser atendidas en sus necesidades de transporte.
No es el caso de Estados Unidos y de Europa, donde la aviación privada ha desarrollado una amplia red de servicios, junto con la aparición de compañías que ofrecen esos trayectos a bajos precios.
Argentina necesita una aerolínea de bandera para vincular a la población entre sí y favorecer el desarrollo de las regiones más postergadas. Sin embargo, la aerolínea estatal y las empresas que prestan servicios en los diferentes aeropuertos han sido cooptadas por el kirchnerismo, a través de dirigentes políticos y sindicalistas afines.
Esa militancia política les permitió obtener diferentes privilegios en sus remuneraciones, jornadas de trabajo y compensaciones laborales, entre otros beneficios logrados en los convenios paritarios.
A la par, todo intento de gobiernos contrarios a esa militancia partidaria, como sucedió durante la gestión de Mauricio Macri y ahora con la de Javier Milei, lleva a esas organizaciones a resistir cualquier cambio.
Estos son necesarios, por caso, para reducir el enorme aporte del Estado nacional a Aerolíneas Argentinas, que en los últimos años superó los U$S 7.500 millones. Con esos recursos, se podría haber atendido una mejora a los jubilados nacionales o la construcción de escuelas y centros de salud.
Los gremios y dirigentes afines al kirchnerismo resisten cualquier tipo de transformación. Frente a lo cual el gobierno nacional acaba de anunciar que está en tratativas con empresas latinoamericanas para transferir la empresa a manos privadas.
En caso de concretarse el traspaso de Aerolíneas al sector privado, el Estado debería constituir una empresa alternativa que –con subsidios explícitos– lleve el servicio a las regiones que no son rentables.
En este supuesto, las provincias que cuentan con regalías por el uso de sus recursos naturales podrían contribuir a sostener tales prestaciones; por ejemplo, en la Patagonia argentina o en las provincias mineras del Norte.
Existen numerosas alternativas para explorar en cuanto a la mejora de los déficits de las empresas vinculadas con el transporte aéreo, en especial en el caso de Aerolíneas Argentinas.
Lo que no es viable es que un grupo de dirigentes que conducen gremios con una marcada militancia política decidan qué clase de servicio habrá y cuándo estarán dispuestos a prestarlos a miles de argentinos.
