El uso de un lenguaje agresivo y provocador por dos de los dirigentes políticos más importantes del país nos ha brindado un nuevo espectáculo vergonzante, que representa lo contrario de lo que la sociedad espera de ellos.
Cristina Fernández atacó al presidente Javier Milei tratándolo indirectamente de “loco”. Al participar de un encuentro sobre salud, cuando se refirió a la problemática situación de la salud mental, dijo: “Lamentablemente, en la República Argentina la podemos ver desde las más altas esferas hasta abajo. Y hay algunos casos que parecen no tener cura”. Luego, hablándole directamente al Presidente, agregó: “Ya que sos tan guapo, desregulá los medicamentos, si te animás”.
El Gobierno, como es habitual, respondió desde las redes sociales y cambiando el tema. Con una ilustración que mostraba titulares de diarios sobre la petición de Fernández para mantener su jubilación de expresidenta, el subsecretario de Prensa retrucó: “A ver si te animás, Cristina. Bajate tu jubilación de privilegio”. Y a renglón seguido, sumó: “Estás doblemente condenada por robar $ 84 mil millones”.
Separemos, para nuestro análisis, las formas de los contenidos. Fernández fue oradora de un evento que giraba alrededor de la salud. Es correcto, entonces, que su discurso tomase elementos esbozados por la presente gestión presidencial y los comparase con lo que ocurrió bajo su administración. A modo de conclusión, resultaba obvio que criticaría a Milei y que valoraría su propia perspectiva. No había ninguna necesidad de caer en el agravio, no sólo porque no corresponde en ninguna circunstancia sino, sobre todo, porque al hacerlo, agraviaba la investidura presidencial.
La respuesta oficialista también equivoca las formas, pero además apela a contenidos indebidos, lo que, por sumatoria, representa otro agravio a la investidura presidencial. Agravio simbólicamente más significativo que el anterior, porque está generado desde el mismo Poder Ejecutivo.
Por un lado, si el Gobierno quiere responder las críticas de Fernández o de cualquier otra persona, está discursivamente obligado a buscar el mejor modo de refutar sus dichos.
Por otro lado, atacar a la persona que esbozó una crítica poniendo el acento en algunos de sus rasgos personales no constituye un argumento, sino una falacia; esto es, un planteo fuera de toda lógica. Que la expresidenta reclame judicialmente seguir cobrando su jubilación o que haya sido condenada en dos instancias por direccionar licitaciones de obras públicas no invalida su negativa apreciación de la actual gestión en materia sanitaria.
Atacar a la persona para refutar lo que ha dicho no tiene la secuencia lógica requerida por los mecanismos de la argumentación. Y esto es lo que hace habitualmente el oficialismo. Busca deslegitimar las críticas que recibe presentando a sus críticos como inmorales y nunca responde lo que fue objeto de crítica.
Por cierto, la alegada inmoralidad no cercena la libertad de expresión de nadie ni reduce la posibilidad de que la persona diga algo interesante.
Por lo tanto, se equivocan quienes creen que adoptando el lenguaje soez y agraviante tras el que se refugia el Poder Ejecutivo tendrán una mejor recepción social. La sociedad reclama hace años otra forma de hacer política, a opositores y a oficialistas por igual.
