La vida política argentina aparece cada vez más relacionada con el futuro procesal de la Vicepresidenta de la Nación. En su último alegato, Cristina Fernández de Kirchner consideró que los cargos en su contra vertidos por el fiscal Luciani son comparables con las escenas de violencia vividas por la Argentina en tiempos de enfrentamientos entre fuerzas militares y organizaciones terroristas. En esa línea definió a los jueces que deberán emitir sentencia en la causa por la obra pública como integrantes de un “pelotón de fusilamiento”.
En virtud de la imposible comparación entre aquellos hechos sangrientos de la década de 1970 y la actual acción de la justicia para juzgar y condenar hechos de corrupción en el manejo del Estado, no quedan muchas alternativas para considerar que Cristina Fernández de Kirchner no hace otra cosa que intentar amedrentar a los magistrados que deberán definir su situación procesal en los próximos días.
Lo suyo no fue una defensa técnica sobre su situación procesal sino un mero alegato político.
Luego hay que citar las derivaciones que tiene la desesperada defensa judicial que encara en estos momentos definitorios todo el kirchnerismo detrás de la figura de su líder.
Por ejemplo, desde el gremio ATE se amenaza públicamente con “parar el Estado” si la Vicepresidenta es condenada, mientras desde los sectores partidarios afines se discute sobre la posibilidad de organizar una movilización y concentración frente a los tribunales federales penales porteños para manifestarse en contra de los magistrados actuantes.
Con respecto al escándalo de esta semana en la Cámara de Diputados, que de ningún modo justifica actitudes grotescas por parte de sus integrantes, es consecuencia de las idas y vueltas en la designación de los representantes de la oposición ante el Consejo de la Magistratura, fundamentalmente a partir de la decisión de la Vicepresidenta de dividir el bloque oficialista del Senado para arrebatarle un lugar a la oposición.
Sobre esta actitud se expidió en contra la Corte Suprema de Justicia, que criticó por burda y poco decorosa la maniobra política utilizada para ganar un representante oficialista más en el organismo que selecciona y evalúa a los jueces.
Sin embargo, la conducción del Senado no acató la disposición de los jueces supremos, mientras que un juez de comprobada militancia política previa kirchnerista, que accedió a su actual función judicial en el año 2020, también le negó a una diputada de la UCR su presencia en la Magistratura.
Lamentablemente, esta disputa incentivada por la apremiante situación procesal de la Vicepresidenta de la Nación pone en riesgo el orden institucional de la Argentina, ya que plantea un escenario de desobediencia y agravio ante decisiones de integrantes de uno de los tres poderes del Estado.
La causa por la obra pública tendrá su resolución en su actual instancia judicial luego de un larguísimo proceso atribuido, fundamentalmente, a la actitud dilatoria y de intolerancia hacia la labor independiente de la Justicia por parte del espacio hoy gobernante.
El mismo trayecto recorren otros juicios que también vinculan a la principal referente del oficialismo.
De espaldas al drama económico y social que viven millones de argentinos, el kirchnerismo prioriza la situación judicial de sus principales componentes poniendo en riesgo el equilibrio institucional.
