Un gravísimo ataque a la sede del diario Clarín, en la ciudad de Buenos Aires, acentúa el clima de preocupación general existente en el país por la sucesión de hechos violentos de distinto tipo, pero con similares consecuencias: sensación de indefensión e impunidad.
El accionar de un numeroso grupo de encapuchados que arrojó bombas incendiarias contra el edificio del mencionado medio de comunicación no sólo constituye un nuevo atentado contra la libertad de prensa. Es, además, una nítida expresión de intolerancia en aumento sin que las autoridades atinen a instrumentar los mecanismos legales que permitan poner freno a tanta violencia.
Ejemplos de la violencia reinante sobran: la delincuencia narco en Rosario y otras zonas del país; la destrucción de bienes por parte de grupos que dicen reivindicar derechos mapuches en la Patagonia; usurpación de terrenos y campos bajo polémicos argumentos; la inseguridad cotidiana que cada vez más afecta a las localidades más populosas.
Esta acción puntual, directa, contra uno de los accesos al edificio de Clarín mereció la rápida y lógica reacción de las organizaciones periodísticas del país, encabezadas por Adepa, Fopea y la Academia de Periodismo, que no sólo repudiaron el ataque incendiario, afortunadamente sofocado con rapidez, sino que reclamaron de las autoridades nacionales y de la Justicia Federal una rápida investigación y su esclarecimiento.
Fueron múltiples las expresiones de condena de la dirigencia política. Y en ese sentido cabe destacar lo expresado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien a través de su cuenta en una red social no sólo condenó el atentado y pidió su esclarecimiento, sino que destacó que “la violencia siempre altera la convivencia democrática”.
Más allá de las expresiones vertidas públicamente, lo importante es que tanto autoridades políticas como judiciales dimensionen, realmente, la gravedad de lo acontecido frente al edificio de Clarín. Lo grave, al margen de que rápidamente fue sofocada la acción incendiaria encarada por los atacantes, es determinar las causas que dieron origen a semejante acción, el mensaje que se pretendió transmitir con el ataque.
A esta acción violenta se llega en los últimos meses luego de una sucesión de declaraciones para nada cordiales por parte de dirigentes y funcionarios del Frente de Todos que denotaron una clara animosidad hacia el periodismo independiente.
El último ejemplo, posterior a las elecciones recientes, es el del gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, quien propuso públicamente regular desde el Estado el funcionamiento de los medios periodísticos, por entender que la gente siempre piensa “lo que los periodistas y los medios proponen”. Capitanich atribuyó a la prensa libre la mala elección del kirchnerismo en las recientes legislativas por haber influenciado en la decisión de los supuestamente tradicionales votantes del oficialismo de turno. Una expresión tan descabellada como preocupante, sobre la que Los Andes fijó posición a través de un editorial en una edición reciente.
Por lo tanto, el mejor aporte del Gobierno para que este atentado tenga su correspondiente esclarecimiento será poner a disposición de la Justicia la mayor predisposición posible de los organismos de seguridad.
