El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Seguridad, afirma que, debido a los controles de alcoholemia en calles y rutas, comenzó a bajar la peligrosa “epidemia” de conductores alcoholizados al volante.
En tal caso y de mantenerse la tendencia, estamos ante una noticia auspiciosa y mucho más por la cercanía con la culminación del año, época en que se insiste en la importancia de no conducir vehículos en caso de beber alcohol de cara a la celebración de la Navidad y de la fiesta de fin de año.
Las estadísticas del Ministerio de Seguridad brindadas a Los Andes, muestran que los casos positivos de conductores bajaron respecto de 2023, a pesar de que este año se cuadriplicaron los controles.
Por otra parte, se endurecieron los castigos por conducir bajo efectos del alcohol, ya que los infractores en este aspecto son pasibles a recibir multas que van desde los 500 mil pesos a 1.400.000 pesos.
Nos pronunciamos por la técnica del control, pero sabemos que por las consecuencias de la sencilla teoría de que no se puede estar en todas partes al mismo tiempo, puede ejercerse vigilancia y sanción a muchos conductores sobre rutas principales, pero difícilmente se abarque la custodia y el control en la diversidad de vías de comunicación de zonas rurales o caminos secundarios. Pero, tanto las policías viales del Ministerio de Seguridad como las de los municipios, tendrán que mantener la guardia en alto para erradicar de la vía pública local esta peligrosa conducta de un número determinado de irresponsables conductores.
Algunos observadores que pertenecen a asociaciones civiles, dedicadas a la prevención de accidentes de tránsito, creen que la situación sigue complicada. Para este sector de la sociedad, el consumo de alcohol al volante sigue siendo uno de los graves problemas de la circulación en la vía pública.
Sostienen que los hechos que se detectan son porque protagonizaron un incidente y se les hace el control de alcoholemia a los conductores.
Por otro lado, una cantidad importante de accidentes y personas alcoholizadas se producen en zonas rurales, donde no hay controles o éstos son más escasos.
El Estado, entonces, tiene que continuar con su presencia en la calle, lo que implica una operación logística y presupuestaria de gran esfuerzo y mucho requerimiento.
Reiteramos que no se puede estar en todos los frentes y al mismo tiempo. Pero, apoyará al cometido final de erradicar el flagelo la presencia en la vía pública de manera persistente y continua.
También ayudará la educación sobre el tema en las escuelas y en otros ámbitos, más una difusión de prevención en lo que concierne a la problemática de beber y conducir. El cometido es doblegar una cierta anomia social imperante, que implica que determinados ciudadanos pierdan el respeto a las normas que rigen el bien común.
Por los percances viales que hemos visto en la provincia, el concepto que debería expandirse es que si se conduce bajos efectos de alcohol, el que lo hace se puede convertir en un asesino o en suicida en sólo segundos.
Asimismo, no debe perderse de vista que no sólo se conduce tras la ingesta de alcohol, también se lo hace luego de haber consumido drogas legales o ilegales.
La vigilancia por parte del sector oficial y la militancia de la comunidad en el tema bajo análisis debe sostenerse: bajar los brazos sería retroceder una enormidad. La Asociación Madres del Dolor, Estrellas Amarillas, Red Cuidarte + y otras organizaciones de distintos lugares del país, sostienen que “el alcohol está presente en uno de cada cuatro hechos viales graves”.
