El Gobierno nacional anunció un bono de 18 mil pesos para monotributistas de las 2 primeras categorías, trabajadores informales y de casas particulares. La medida incluirá a jubilados y pensionados que perciban hasta 2 jubilaciones mínimas. El anuncio apuntaría a contrarrestar la pérdida del poder adquisitivo en los sectores más vulnerables, aspecto en el que el presidente Fernández reconoció que el proyecto oficial “está fallando”.
En realidad, y sin entrar a discutir si hay algún aspecto en el que haya acertado el supuesto programa económico del Gobierno, esta nueva versión del “plan platita” no mejorará el poder adquisitivo de nadie. Apenas si representará una momentánea transferencia de dinero que, para decirlo en términos coloquiales, le durará al beneficiario menos que un suspiro.
Los jubilados lo recibirán de modo automático, en una sola cuota, cuando se les deposite su próximo haber. Pero los monotributistas, así como los trabajadores informales y de casas particulares, deberán inscribirse en fecha por determinar y aparentemente a través de la página de Anses.
Se presume que el trámite será relativamente ágil para que quienes sean aprobados reciban el dinero en dos cuotas idénticas durante mayo y junio. Pero vale recordar la experiencia de la pandemia, cuando se instrumentó el ingreso familiar de emergencia, con la expectativa de que fueran un par de millones de personas las que se presentarían y quienes lo peticionaron fueron más del cuádruple y desbordaron el sistema.
Tengamos en cuenta que, según la información oficial, podrán aspirar al bono quienes perciben la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo, la Prestación por Desempleo y el Potenciar Trabajo, así como los inscriptos en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular y en los planes alimentarios provinciales y municipales.
En cualquier caso, como dentro de uno o dos meses quienes reciban el bono volverán a la situación salarial previa, es imposible sostener que estamos frente a una mejora del poder adquisitivo. Estamos, sin duda, frente a una cuenta de aproximadamente 200 mil millones de pesos, según los primeros y conservadores cálculos, que el Tesoro Nacional no había previsto. De modo que engrosará el déficit fiscal, justo en el momento en que debía empezar a bajar por el acuerdo establecido con el FMI.
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) advirtió que el bono podría representar entre 0,25 y 0,33% del PIB: “Teniendo en cuenta la meta de reducir el déficit primario anual del 3% del PIB en 2021 al 2,5% del PIB en 2022 (un 0,50%), el anuncio equivale entonces a neutralizar entre la mitad y las dos terceras partes de toda la corrección anual acordada con el FMI”.
Como el déficit se financia con emisión y la emisión genera inflación, el poder adquisitivo de los sectores más vulnerables seguirá deteriorándose en los próximos meses. Las medidas del Gobierno, en vez de solucionar el problema, lo agravan.