Casi veinte años después de los hechos denunciados, en los tribunales penales federales de Buenos Aires comenzó recientemente el juicio oral por el denominado caso Skanska, considerado el primer caso de corrupción de los gobiernos kirchneristas y en el que están involucrados el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López.
Se trata de un proceso penal que se lleva a cabo en los tribunales de Comodoro Py desde 2006 por el presunto pago de sobornos por parte de la empresa a ex funcionarios públicos.
La suma denunciada en su momento fue de 14 millones de pesos, lo que hoy representa 14 mil dólares.
Concretamente se investigaron presuntos pagos ilegales por parte de la empresa sueca Skanska para que el gobierno de Néstor Kirchner, en el año 2004, para lograr la adjudicación de la ampliación de los gasoductos Norte y Sur para transporte de gas natural.
Cabe recordar que De Vido debió sobrellevar varias causas ante la justicia por su desempeño como estratégico funcionario de los gobiernos de Néstor y Cristian Kirchner, destacándose la condena que recibió por la responsabilidad del Estado en la tristemente recordada tragedia ferroviaria de la estación Once.
Por su parte, López también debió enfrentar una causa penal por los bolsos con nueve millones de pesos con los que fue sorprendido y detenido en un convento de monjas.
Ambos también están incluidos en el caso conocido de los cuadernos de la corrupción.
Pese al tiempo transcurrido desde la consumación de los hechos denunciados e investigados, es muy importante que la justicia federal lleve a cabo este juicio, como también lo fue, y así lo señalamos en este mismo espacio, la lapidaria condena de la Casación Penal sobre la vinculación de Irán en los atentados terroristas de 1992 y 1994 contra objetivos judíos en nuestro país.
Más allá de ser considerado el primer caso de corrupción durante la era kirchnerista en el poder, el caso de la firma Skanska también debe ser mirado como el punto de partida para una modalidad lamentablemente instalada en el poder y llevada a cabo con la mayor irreverencia por la ciudadanía argentina.
Nadie duda de que la corrupción en el poder no nació en este país con los gobiernos de la familia Kirchner; forman parte de décadas de desencantos de la gente con sus representantes.
Pero es indudable que la trama que se gestó durante sus años de gobierno sobrepasó los límites de lo imaginable y también incluyó presiones sobre jueces y fiscales.
Hubo una pretendida colonización que, al amparo de lo ideológico, hizo de gran parte de la Justicia una herramienta al servicio de los intereses económicos de quienes lideraban el espacio político y a la vez realizaban jugosos negocios.
Es por ello que, más allá de la inapropiada demora, hay que mirar con satisfacción la tramitación judicial de este caso tan emblemático en el marco de la corrupción en la gestión pública.
Y también debe servir como ejemplo para que las actuales autoridades y las que lleguen al poder en lo sucesivo tengan presente que la honestidad y transparencia en el ejercicio de la función pública cuentan con la mayor valoración.
De algún modo, además del enorme perjuicio moral que le ocasionó la corrupción estructural a las bases de la república, la misma también constituyó una de las bases del enorme fracaso que como sociedad venimos experimentando desde hace décadas. Por eso se debe ser implacable con la misma.
