La embestida contra el funcionamiento de las instituciones en el país parece ser una obsesión del kirchnerismo, aun en tiempos difíciles como los que nos toca vivir a los argentinos, en sintonía con el resto del mundo, por la pandemia de coronavirus. Mayoritariamente, la ciudadanía expresa en estos momentos una lógica inquietud por la situación sanitaria, en especial por el lento proceso de vacunación, que trastoca expectativas e iniciativas en todos los ámbitos ante los riesgos que supone la falta de inmunización. A esto hay que sumarles los graves problemas económicos y los índices alarmantes de inflación y pobreza, tremendo flagelo social.
Por eso, es lamentable que desde el Gobierno y sus distintos sectores internos, y al amparo de ese gran telón de fondo que significan los problemas sociales expuestos, se busque agilizar una reforma en el funcionamiento de la Justicia con la que, cada vez está más claro, se pretende silenciar las causas por corrupción que afectan a la Vicepresidenta de la Nación y a sus ex colaboradores durante sus dos presidencias previas.
En estos momentos, con el argumento de nombrar a un nuevo procurador general de la Nación (jefe de los fiscales federales), el oficialismo no sólo pretende cubrir una vacante, sino que intenta colocar en ese importante cargo a un abogado allegado que sintonice con la estrategia política de direccionar los procesos judiciales referidos, de modo de beneficiar a quienes corren el riesgo de pagar con la cárcel y su patrimonio delitos ya comprobados.
La prueba más palpable de esa estrategia es la pretendida reforma de la ley que fija el funcionamiento del Ministerio Público, de modo de lograr que la designación de su nuevo titular requiera sólo la mayoría absoluta de los legisladores presentes en el recinto, es decir, la mitad más uno. Actualmente, la legislación determina que ese nombramiento debe efectuarse con el voto de una mayoría especial de dos terceras partes de los senadores. Es lo que corresponde en estos casos, ya que esos dos tercios conducen inevitablemente a un saludable acuerdo entre oficialismo y oposición. Claramente, no es lo que busca el gobierno del Frente de Todos.
Además, la designación de un procurador general afín al gobierno no sólo puede derivar en una grosera manipulación de las causas en curso; también se puede alentar, a través de fiscales afines al poder, el acoso judicial a magistrados y periodistas que investigan casos de corrupción a los que el kirchnerismo define grotescamente como producto de un “lawfare” (guerra jurídica) en su contra.
Es de esperar que la firmeza que ha expuesto hasta ahora la principal coalición de la oposición lleve a una reformulación de lo que se pretende aprobar. El juez federal Daniel Rafecas, postulado por el presidente de la Nación para ser procurador general, ha reiterado en las últimas horas que no aceptará el cargo si se modifica el sistema de elección, como pretende el oficialismo.
También es importante que los demás sectores de la oposición, minoritarios, pero con votos que pueden incidir en el quórum para que arranque la sesión definitoria para cambiar la ley del Ministerio Público, recapaciten y se mantengan firmes en resguardo de las instituciones de la república y lejos de las tentaciones y beneficios con las que suelen endulzar voluntades desde el poder.
