Las últimas inundaciones en el Litoral argentino, especialmente en Entre Ríos, y en la provincia de Buenos Aires, han dejado un saldo muy gravoso en daños en la infraestructura pública y en las viviendas de miles de argentinos.
Lo más penoso es que como hay una inacción del Estado en encarar proyectos de alta envergadura para frenar los efectos de estos fenómenos destructivos, cuando pasen las secuelas de los estragos causados por cauces desmadrados, la situación se olvidará hasta que los fenómenos de aluviones y correntadas vuelvan a registrarse en las regiones que tienen abundantes precipitaciones pluviales.
¿Cómo se puede solucionar el problema de las inundaciones?
Acciones de base son la no destrucción de bosques, humedales ni la vegetación en general, pues estos ecosistemas absorben el agua y evitan las fuertes corrientes. Asimismo, en orden a las protecciones más elementales debe procederse periódicamente a la remoción de basuras y escombros que pueden tapar los cauces normales del agua. En el mismo sentido se alinea no arrojar residuos sólidos a las calles ni desviar ni coloca obstrucciones en caños o desagües.
Estas prevenciones pueden servir para inundaciones que no son de grandes magnitudes y pueden ser controladas, pero nada es igual si el desplazamiento de volúmenes de líquido es de tal entidad, que rompen o inutilizan parcial o totalmente caminos, puentes, calles y los hogares de miles de vecinos que ven afectados sus casas, y dañados sus artefactos hogareños y enseres.
El Gobierno nacional señala en forma permanente que no hay presupuesto para encarar grandes obras, pero son los trabajos hidráulicos y de contención de caudales de envergadura los que podrían mitigar las pérdidas que se acumulan periódicamente por estos desastres.
Al no registrarse obras en ejecución que contengan y encaucen los grandes volúmenes de agua que se desplazan por el terreno, arruinando todo a su paso, con el paso del tiempo se repetirán los estragos, que tienen solución cuando son materiales, pero que se tornan irremediables en el caso de pérdidas de vidas humanas.
El Gobierno nacional y las administraciones provinciales deberían priorizar proyectos para evitar los grandes destrozos que cada año causan las fuertes tormentas y atajar, en lo posible, las inundaciones de pueblos, voladuras de techos y paredes, la afectación de calles, caminos y los tendidos eléctricos, para citar algunas de las consecuencias de estos fenómenos destructivos.
Claro que todas estas obras necesitan de una prolongada y estudiada planificación previa, que creemos no se está haciendo. La afectación por los temporales implica la realización de emprendimientos muy bien calculados y programados, descontando desde ya que exigen inversiones muy importantes.
En este sentido, señalamos otra vez que la sumatoria del monto de las pérdidas por las inundaciones registradas en febrero y marzo, justificarían sobradamente haber encarado los trabajos de protección que distintos lugares afectados requieren.
Para encarar esta malla de protección contra los efectos destructivos de precipitaciones y correntadas sin contención, que reclaman muchas zonas de nuestro vasto país, la parálisis de la obra pública deberá dejarse de lado.
El Estado es el que debe ocuparse en este caso por la magnitud de los trabajos a realizar, poniendo su capacidad de planificación y ejecución de los proyectos que salvaguarden vidas y bienes de todos los estratos sociales, pero que, la realidad lo demuestra, siempre perjudican en mayor manera a los sectores de las poblaciones de menores recursos.
