Hace varios días, desde este espacio editorial, nos ocupábamos del deprimente espectáculo que ofrecen algunas comisarías de la provincia, especialmente del Gran Mendoza, con su “colección” de automotores chocados o incendiados frente, entorpeciendo el tránsito y provocando todo tipo de contaminación. Señalábamos que, pese a que muchas de esas unidades se encuentran dentro de un proceso judicial, la comunidad pide que ese material informe no esté en las calles sino en lugares adecuados.
Mientras esperamos la modificación de la situación descripta, ponemos las expectativas en la pronta aplicación del Programa Mendoza Compacta (Promecom), cuya ley se publicó ya en el Boletín Oficial de la Provincia. Su objetivo es la coordinación de la ejecución de las etapas del proceso de descontaminación, desguace y compactación de vehículos automotores y motocicletas, establecido en la Ley 9.024 (Ley de Tránsito).
Estos aspectos se lograrán con la aplicación de esta normativa, al eliminar centenares de automotores y motos secuestradas que se encuentren en las diversas playas de secuestro y los restos que se observan en los frentes de las seccionales policiales.
Es de desear una rápida adecuación del sistema y previa licitación pública, disponer de los establecimientos donde se procederá a la compactación. Sería altamente beneficioso para la comunidad que comenzará a regir a fin del año próximo.
La normativa es del legislador Marcelo Rubio (UCR), mientras que Emiliano Campos (UCR), miembro informante, sostuvo que “complementa la ley 9.024, en lo referente a los vehículos que se encuentran secuestrados en distintas playas de los municipios, cumpliendo también con la legislación nacional”.
Entre otros aspectos, se creará el Registro Único de Empresas de Compactación, así como también el Registro Único de Vehículos Secuestrados, que atañe a unidades que se encuentren bajo la custodia y guarda de la autoridad pública por causas judiciales o contravencionales, de los ámbitos federal, provincial y municipal.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Seguridad provincial y está prevista la creación de un Fondo de Reserva compuesto por el 5% del total del producido de la venta de chatarra resultante de la compactación, como forma de solventar gastos por reclamos administrativos y/o judiciales que pudieran surgir de la aplicación de la normativa. Una vez obtenida la baja de los vehículos a compactar, se notificará a la Administración Tributaria Mendoza (ATM), con el fin de que no sigan generando deuda tributaria con la provincia.
Vemos auspicioso el panorama si se cumplen todos los requisitos. Por un lado, se recuperará materia prima útil con el proceso de compactación, se liberarán espacios mal usados en la vía pública y en los depósitos de vehículos secuestrados.
Lo importante que la legislación prevista alcanzará a vehículos tanto secuestrados por infracciones de tránsito como aquellos que estén abandonados en la vía pública.
En Mendoza ya se había hecho algo con la Ley de Seguridad Vial, estableciendo un destino para los rodados que llevaban un tiempo en las playas, algunos fueron a subasta pública y otros fueron reutilizados por reparticiones del Estado.
Además, ahora se podrá proceder con el material considerado chatarra, que no puede ser rematado ni reutilizado: genera zonas de contaminación visual, ambiental y de seguridad. La meta, en suma, es proteger el ambiente y hacer un uso sustentable de los vehículos cuya vida útil termina.
