Los avances judiciales conocidos prácticamente en coincidencia con los diez años de la muerte del fiscal Alberto Nisman llevan a pensar a la mayoría de los argentinos de buena voluntad que alguna vez las instituciones republicanas del país se expedirán con certeza, dejando atrás una nueva y dolorosa sensación de impunidad.
No se trata de un caso que debe quedar en el olvido, todo lo contrario. Alberto Nisman era el fiscal que llevaba adelante la causa especial de investigación del tremendo atentado terrorista a la AMIA, de julio de 1994. Y en ese contexto se encontraba a pocas horas de presentar en el Congreso las pruebas de su denuncia pública contra la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y otros dirigentes del kirchnerismo cercanos a ella, por el pacto de silencio que constituía el Memorando de Entendimiento con Irán, gestado entre el gobierno argentino y el régimen de Teherán y claramente volcado a favor de este último. El objetivo pasaba por encubrir la participación iraní en la gestación y comisión del tremendo ataque a la sede judía porteña.
Transcurrió ya una década, pero la muerte de quien investigó los alcances de dicho pacto continúa en medio de interrogantes, al margen de que recientemente el fiscal Eduardo Taiano hiciera pública su conclusión: Nisman fue asesinado. Postura en la que coincide el juez del caso, Julián Ercolini. Queda saber, entre otros aspectos, la hora exacta de la muerte del fiscal y la trayectoria de la bala, como pruebas que terminen de consolidar la postura firme y seria sobre el crimen cometido.
Las recientes conclusiones judiciales no hacen otra cosa que confirmar lo que las pericias más serias efectuadas en todo el largo tiempo transcurrido ya expresaban con certeza. El mismo punto de vista comparten amplios sectores de la sociedad argentina, todos preocupados por lo que podía constituir, sin más, un nuevo sendero hacia una situación indefinida.
Como señalábamos, existe entre jueces y fiscales actuantes la certeza del asesinato. Queda, sin embargo, sumar pruebas sobre los posibles autores del homicidio, tanto en el plano intelectual como en el material. Y trabaja la Justicia Federal en un expediente paralelo sobre las irregularidades hasta bochornosas cometidas en la escena del crimen aquel día de enero de 2015, de modo de determinar con certeza quiénes actuaron materialmente en esa ocasión y quiénes lo hicieron con intenciones dañinas para la actuación judicial.
Las instituciones argentinas se encuentran a las puertas de un avance notable en lo que atañe a la calidad democrática que se ha reclamado durante años. La Justicia, en particular, ha sido por décadas objeto de serias críticas por sus procedimientos entre lentos y complacientes con ocasionales sectores del poder, tanto público como privado. Sin embargo, el caso que nos ocupa va mucho más allá y marca un preocupante y grave antecedente, como es la comisión de un crimen a un integrante de la Justicia por investigar a las autoridades políticas en un hecho al que bien le podría caber la definición de traición a la patria.
Por lo tanto, se debe desear que este envión dado por la Justicia en el caso de la muerte del fiscal Nisman sirva para coronar un capítulo clave en la investigación de una trama que tanto daño le ha hecho a la imagen de nuestro país.
