El nuevo secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, anunció a poco de asumir su cargo que los precios de venta de los alimentos y artículos de higiene personal, entre otros cientos de productos variados, deberán ser retrotraídos al 1 de este mes en lo que se refiere a la venta al público.
Así lo hizo saber, principalmente, a supermercadistas y a los sectores de la producción de aquellos productos en general.
La medida regirá, según lo anunciado, hasta el 7 de enero próximo.
El funcionario espera la aceptación de los sectores involucrados en forma inmediata y advierte que, de todos modos, el sistema entrará a regir desde mañana.
Es más: aparece la posibilidad de reactivar la denominada ley de abastecimiento para aquellos casos en los que los comerciantes no acaten la medida.
Esta intempestiva disposición representa un claro regreso a la agresiva política que en materia de precios supo aplicar el kirchnerismo en sus gestiones anteriores, especialmente cuando en el cargo que ahora ocupa Roberto Feletti estuvo el muy cuestionado Guillermo Moreno.
Los planteos del Gobierno generan más inquietud aún, puesto que a la ya criticable fijación de precios de insumos básicos se le suma la posibilidad de supervisión por parte del Estado de los costos de producción de las empresas y la determinación de un margen de ganancias de las mismas.
Desde el lado de los empresarios estas decisiones del Ejecutivo resultan totalmente desmedidas si se tiene en cuenta que no hay estabilidad económica: en la Argentina de hoy la caída del consumo no se detiene, mientras la inflación no baja del 3% mensual, según la medición de setiembre conocida, también, esta semana.
Los controles de precios se han implementado en la Argentina en muchas oportunidades desde hace varias décadas y en ningún caso arrojaron el resultado prometido o deseado por las autoridades de turno.
Uno de los ejemplos más dramáticos aparece en el pacto social promovido en 1973/4 por José Ber Gelbard, que, en menos de dos años desde su aplicación, y ya con otro funcionario a cargo, derivó en el primer gran precedente de hiperinflación en el país conocido como “Rodrigazo”.
Por otra parte, la experiencia nos indica que las listas de precios que pretende volver a aplicar la Secretaría de Comercio suelen tender al desabastecimiento de los productos básicos que se pretende resguardar, en especial en comercios minoristas de menor porte para competir con los supermercados.
En línea con los ejemplos citados, distintos informes especializados coinciden en que los acuerdos de precios suelen ser efectivos solamente en el corto plazo para atenuar el efecto inflacionario por el que son creados.
Pero, precisamente, por tratarse de medidas de emergencia muchos economistas recomiendan que sean abordadas junto con programas económicos amplios que también vayan al ataque de los problemas fiscales y monetarios que suman a la crisis inflacionaria.
Con una crisis económica cada vez más preocupante y un contexto electoral turbulento, sería recomendable que las autoridades nacionales depusieran la decisión de aplicar medidas de control en forma intempestiva y buscaran los caminos de consenso que se requieren.
La premisa imprescindible es la de no repetir errores reiterados de nuestra historia reciente.
