La tensión por los recientes saqueos y actos de vandalismo en varios puntos del país hizo que las autoridades nacionales comprendieran que una acción conjunta con las provincias era necesaria para ordenar la tarea de prevención de futuros actos.
El Ministerio de Seguridad de la Nación tomó la iniciativa y avanzó con la creación y conformación de un comando unificado de fuerzas de seguridad del ámbito federal, además de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias.
Mendoza tiene como representante en dicho organismo al jefe de la Policía provincial.
El principal propósito del comando conformado por fuerzas de seguridad es el intercambio de información sobre los posibles acontecimientos violentos o tumultuosos, de modo de poder coordinar, en caso de ser necesario, el accionar de las fuerzas policiales con las de la Nación cuando los hechos lo justifiquen.
Esto supone una mejora en la ya habitual tarea de coordinación que las provincias tienen autorizadas con las fuerzas federales (Gendarmería u otras) apostadas en cada distrito cuando los recursos locales no son suficientes.
En el caso de Mendoza, debe destacarse que la labor de la Policía local fue suficiente para poner freno a la ola delictiva que se había generado. Por lo tanto, no fue necesario apelar a refuerzos federales.
A partir de ahora, con el mecanismo puesto en práctica desde la Nación es de esperar que no sólo haya una eficiente labor de control en la vía pública, sino, también, tareas previas que permitan detectar eventuales focos de conflicto antes de que los hechos ganen las calles.
Justamente, a partir de la investigación de la Justicia y del aporte de organizaciones vinculadas a la tarea social se determinó que los que actuaron no necesariamente fueron grupos de personas realmente agobiadas por los bajos ingresos y la consecuente dificultad para poder comer correctamente.
Pudo haber una acción delictiva enmascarada detrás de un lógico requerimiento social por la situación de pobreza creciente en el país.
Al respecto, resulta apropiado señalar que esta rápida y saludable acción de coordinación de fuerzas por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación es algo que insistentemente se ha reclamado a las autoridades nacionales en lo relativo a la lucha contra el accionar de las bandas de narcotraficantes que actúan con llamativa facilidad en la provincia de Santa Fe y en otros importantes centros superpoblados de la Argentina.
¿Se tratará de una saludable toma de conciencia con respecto a la gravedad del delito organizado y no controlado?
¿O en el gobierno nacional sólo se impuso el temor a desbordes sociales difíciles de controlar en pleno proceso electoral hacia las presidenciales de octubre?
El tiempo probablemente señale cuál fue el real disparador de la decisión nacional de promover un comando conjunto contra un delito puntual.
Pero también es oportuno destacar que las acciones en temas sensibles, como la seguridad, pueden resultar efectivas si forman parte de mecanismos surgidos del consenso entre las fuerzas políticas y de estrategias preventivas conjuntas, como las que se buscó organizar a partir de la amenaza de los robos y saqueos.
