La falta de previsión del gobierno nacional en la gestión de la crisis energética ocasionó en las últimas semanas numerosas protestas de transportistas en las rutas del país, con el consiguiente caos de tránsito, amén de fogonear un mercado negro de gasoil, en el que el combustible llegó a un precio cercano a los 300 pesos por litro.
Se notó la falta de gasoil en, prácticamente, todo el territorio, salvo en algunos puntos de la región patagónica. Mientras tanto, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, en una reunión en la Cámara de Diputados hizo afirmaciones contradictorias. Por un lado, sostuvo que faltaría r gasoil ni para la siembra ni para la cosecha, aunque señaló: “Seguramente vamos a tener dificultades”. Dicho así, parece que el faltante que se produjo en gran escala no hubiera sido registrado por las autoridades, que sólo parecía que pensaban más en el futuro.
Sin embargo, por otro lado, el funcionario nacional admitió que “en enero teníamos claro lo que iba a pasar y permanentemente transmitimos la preocupación”. Eso sí, no especificó quiénes fueron los destinatarios de sus evaluaciones ni las respuestas que merecieron.
Ambos enigmas se responden desde la crítica realidad presente. Los responsables no actuaron en línea con ese diagnóstico. Hace meses que falta combustible. Y, según Domínguez, la única apuesta valedera es esperar el arribo de barcos con gasoil importado.
Impotentes ante tanta inoperancia, distintas organizaciones de transportistas promovieron cortes de ruta. Los hubo en San Juan, Tucumán, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos Aires. En ese contexto, con su habitual y extravagante estilo, el ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, desarmó a los gritos un piquete en la autopista Buenos Aires-La Plata, después de bajar de un helicóptero y asegurarse de que su despliegue de autoridad fuera perfectamente captado por distintas cámaras y teléfonos celulares.
Berni, por supuesto, equivoca las formas, pero sabe que semejante acción será legitimada por una alta proporción de ciudadanos que se oponen, con justa razón, a los piquetes en las rutas, sin importar quién los practique.
El derecho a la protesta no puede interrumpir el derecho a la libre circulación. No se pueden obstruir calles o rutas con motivo de una manifestación. Siempre deben quedar carriles liberados y de uso general, dos factores que los transportistas no tuvieron en cuenta en casi ningún piquete en estos días.
Como mucha de nuestras rutas tienen un solo carril en cada sentido del tránsito, el corte era total. Pero, para agravar más el mecanismo de coerción, en algunos se permitía pasar a los particulares y se retenía a los camiones, o a los vehículos de carga en general, como si esos conductores no tuviesen derecho a tomar otra postura ante el mismo problema. Hasta hubo que lamentar una tragedia, en la provincia de Buenos Aires, cuando un grupo de inadaptados persiguió y asesinó a un chofer que no quiso detener su camión.
La desarticulación del gobierno nacional está causando demasiados problemas a los argentinos. De todos modos, los transportistas y el sector agropecuario no debieran sumarse a esa tendencia.
