El líder nicaragüense Daniel Ortega sigue generando rechazo y denuncias internacionales por su postura dictatorial. El régimen lleva a cabo frecuentemente claras acciones represivas hacia sus opositores o a sectores de la sociedad que reaccionan contra sus políticas. No caben dudas ya de que es el de Nicaragua un sistema adaptado a los instintos totalitarios del presidente y su esposa, Rosario Murillo.
Es notable el poder acumulado en los últimos años por Ortega. Recordado referente del sandinismo que derrocó por la fuerza, hace cuatro décadas, al dictador Anastasio Somoza, es él quien ahora se vale de los mismos recursos extremos para manejar los hilos de la política en su país y conforme a sus propósitos.
Como parte de su acción, Ortega promovió recientemente la detención del escritor y ex vicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez, de 79 años, quien, entre otros galardones, en 2017 se hizo acreedor nada menos que al prestigioso premio Cervantes.
Según la Fiscalía de aquel país, influida por el Presidente, el intelectual llevó a cabo actos que “incitan al odio”, además de “conspirar” contra la soberanía.
Un despropósito: Ramírez lo que hace es luchar con la palabra en contra de la tiranía en crecimiento.
Esta aberrante actitud del régimen se enmarca en la serie de aprehensiones y juicios a opositores a sólo dos meses de las elecciones en ese país.
Y el intento de avanzar sobre el escritor produjo una rápida y nutrida reacción internacional de intelectuales pidiendo justicia por él.
Se sumó luego a la movida nada menos que la Real Academia Española, que reclamó el levantamiento inmediato de la orden de detención. Dicha institución, además de ponderar las virtudes literarias e intelectuales del pensador, lo definió como “un valiente luchador por las libertades de su país”, reconociendo su prédica durante décadas a favor de las libertades públicas en su país y en el mundo en general.
Finalmente, al reclamo internacional se sumó en las últimas horas la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien advirtió que la violación de las garantías fundamentales en Nicaragua se agudizó este año “de manera alarmante”.
En esa línea, la expresidenta de Chile acotó que más de 120 opositores al régimen de Ortega se encuentran presos poco tiempo antes de las elecciones generales en las que éste buscará su tercera reelección consecutiva. Así lo expresó en su discurso ante la sesión del organismo que encabeza.
Como Venezuela y Cuba, Nicaragua ha ido acentuando el perfil totalitario del gobierno de Ortega y su entorno, optando por erradicar de la escena política a quienes disienten con el argumento de que conspiran contra el país por el solo hecho de pretender mantener un sano sistema democrático basado en el debate y el disenso. Esta característica pone a los nicaragüenses en un plano de igualdad con las sociedades de otros países de la región sometidos a regímenes totalitarios basados en el sometimiento y el avasallamiento de las libertades.
Un nuevo desafío para la actual política exterior de la Argentina, no solamente errática por tradición; además, muy poco propensa a criticar el atropello a las libertades en la región.
