En el plano político el año 2021 terminó con un nuevo escándalo generado, justamente, por la política.
La Legislatura de la provincia de Buenos Aires aprobó una reforma en la legislación electoral que vulnera una vez más la voluntad popular.
Si bien se establece que los intendentes, como también concejales y legisladores, sólo podrán ser reelectos por un período consecutivo, lo cual es muy razonable, a la vez se determinó que los mandatos surgidos de las votaciones populares entre 2017 y 2021 serán considerados como primer período en las funciones del intendentes, concejal o legislador.
De este modo, en 2023 muchos que, según esa ley, transitan su segundo ciclo podrán anotarse legalmente para seguir compitiendo por el mismo cargo.
El gobierno bonaerense anterior había logrado la aprobación de una norma que limitaba las reelecciones a un solo período, pero en el posterior decreto reglamentario de esa ley (pasaron tres años) se estableció, curiosa y malintencionadamente, que si el segundo mandato consecutivo se cumplía sólo parcialmente no sería considerado válido a los efectos de la prohibición de reelección.
Esto llevó este año a la utilización de distintos artilugios, como los pedidos de licencia o renuncias anticipadas de muchos funcionarios que pasaron a desempeñar cargos en otros ámbitos del Estado nacional o provincial ante la posibilidad cierta de intentar una nueva reelección en 2023.
Una suerte de anillo al dedo para los eternos jefes municipales del Conurbano bonaerense, especialmente.
Finalmente, esa lamentable cláusula fue eliminada, pero en la práctica la redacción de la ley modificatoria cumple con los mismos objetivos reeleccionistas, al no tomar como primer mandato al surgido de las elecciones de 2015, como establecía la legislación original.
La discusión legislativa fue de tal magnitud que atravesó la interna de los partidos que componen el oficialismo y la principal oposición bonaerense.
Y la votación, el mismo día en ambas cámaras de la Legislatura, no sólo fue dividida, sino que dejó tensión tanto en el Frente de Todos como, muy especialmente, en el opositor Juntos por el Cambio.
Es muy grave lo sucedido. Buenos Aires en una provincia institucionalmente gravitante en el país. Por su densidad poblacional es la que más cargos políticos demanda y la mayoría de sus dirigentes son referentes a nivel nacional.
Afortunadamente, nuestra provincia es una honrosa excepción en este controvertido asunto.
Durante la administración anterior se promulgó la postergada enmienda del artículo 198 de la Constitución Provincial, que limita la reelección de los intendentes.
Una medida que tuvo en su momento favorable repercusión en el país, como también lo fue la llamada ficha limpia de la política, que a nivel nacional aún no se sanciona.
En democracia nadie se debe considerar tan indispensable como para perpetuarse en el poder.
Esa postura va en contra de los conceptos de alternancia que sustentan, precisamente, la vida democrática de un pueblo.
Las reelecciones indefinidas solo conducen a un caudillismo político que sirve de base para posteriores autoritarismos avalados por el voto, sí, pero alejados de los preceptos de representatividad clara que deben regir la vida republicana.
Los políticos deben acercarse a la gente; hoy se están alejando.
