El déficit del hábitat residencial es uno de los graves problemas de la provincia, que suma aproximadamente la carencia de alrededor de 110 mil unidades habitacionales, según datos del Gobierno de Mendoza.
Inclusive, en el área de la Cámara Inmobiliaria de Mendoza, se estima que el déficit habitacional es mayor porque en los últimos años se dejaron de construir casas en forma masiva.
Recientemente, el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) reabrió las inscripciones al programa Mendoza Construye Línea 2, con un esquema de financiación renovado.
Si bien es un avance en la resolución de la problemática, está lejos de aportar una solución inclusiva o, aunque más no sea, parcial a la falta de techo propio que sufren muchos ciudadanos y ciudadanas de la provincia.
Se trata de una operatoria lejos del alcance de un elevado número de hogares de ingresos medios, resultando sólo accesible a grupos con alta capacidad de inversión inicial y suficientes medios para el pago de cuotas mensuales de reembolso de créditos en $100.000 hacia fines del corriente año.
El acceso a las unidades que prevé este programa, es mediante el otorgamiento de créditos hipotecarios, donde el postulante debe aportar un anticipo de 25% del valor de la casa, como mínimo.
El 75% restante es financiado por el IPV (50%) y los desarrolladores (25%) de cada uno de los emprendimientos en los que se construyen las 135 casas ofrecidas, las que se ubican en barrios cerrados en cuatro comunas del Gran Mendoza y en San Rafael.
Dentro de las opciones que ofrece el IPV, el financiamiento de una vivienda con costo de casi $24 millones, requerirá un aporte inicial del comprador de $6 millones. En esa transacción, el organismo financia $17.315.525. El ingreso declarado de la familia que la habitará no puede ser menor a $318.573,24, con cuotas mensuales de reembolso de $79.643 al momento de la posesión del inmueble.
Para quienes cuentan con tal disponibilidad, se trataría de una adecuada solución, pero como expresamos anteriormente, no está al alcance del sinnúmero de habitantes de ingresos medios, requiriendo el IPV la evaluación del historial de los últimos cinco años de cumplimiento crediticio de los solicitantes a acceder a la operatoria.
Ante la gravedad de la crisis habitacional, tanto en el acceso a la vivienda propia o en alquiler, sería importante el debate amplio de iniciativas habitacionales fuera del contexto de las características operatorias del IPV, tradicionalmente dirigidas a facilitar soluciones a las familias de menores recursos.
Más aún ahora, cuando los estratos sociales vulnerables se encuentran habitando en situaciones de informalidad, enfrentan mayores amenazas por las consecuencias del cambio climático, la precariedad edilicia y la falta de servicios básicos en los aproximadamente 320 barrios populares anotados en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), en los que habitan casi 20.000 familias mendocinas.
Estos lugares son las habitualmente denominados villas, asentamientos y urbanizaciones informales que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, y un déficit en el acceso formal a los servicios básicos.
La población espera que los candidatos que se presentarán en las elecciones generales del 24 de septiembre, cuando se vote en Mendoza para gobernador y vice, hagan saber a los electores cómo y en qué plazos se ocuparán de esta acuciante problemática.
