En nuestra edición del domingo 18, en este mismo espacio, nos referimos a decisiones políticas que cada vez se alejan más del necesario consenso para que se pueda llegar a decisiones coherentes. Nos concentrábamos en esa oportunidad en las desinteligencias que dejó en evidencia el decreto presidencial que dispuso nuevas restricciones, por el nuevo avance de la pandemia, en la ciudad de Buenos Aires y su Conurbano. Y en ese marco, las desafortunadas apreciaciones de Alberto Fernández sobre el desempeño del sistema de salud.
Esa decisión del presidente de la Nación dio paso a un conflicto político entre el gobierno nacional y el de la Capital del país que acapara la mayor parte de la atención ciudadana de todo el país. Y la judicialización de esa situación terminó poniendo en escena nada menos que a la Corte Suprema de la Nación, a la que recurrió en primera instancia el gobierno porteño por considerar vulnerada la autonomía que le confiere la Constitución.
El máximo tribunal de justicia del país se declaró competente en la acción impulsada por el gobierno porteño y se espera una inminente definición. Está claro que lo que se plantea es la atribución constitucional con la que cuenta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para disponer si el dictado de clases en su jurisdicción debe ser presencial o virtual. El decreto del Ejecutivo disponiendo el cese por 15 días de la presencialidad tanto en CABA como en el conglomerado del Gran Buenos Aires puede haber vulnerado facultades que son propias de la autonomía de las distintas jurisdicciones de la Argentina.
Insistimos con algo que ya señalamos en nuestro editorial anterior: las medidas adoptadas por la Nación fueron en sintonía con el pensamiento del gobierno bonaerense para hacer frente al aumento de los contagios por Covid-19. Y los argumentos muchas veces vertidos por las autoridades de la provincia de Buenos Aires para fortalecer sus argumentos apuntaron directamente al gobierno porteño y pretendieron apuntalar la idea de que la Capital Federal se había constituido en el foco de contagios más importantes del país.
Si bien un puñado de gobernadores del peronismo se vio comprometido a avalar la decisión presidencial sobre las clases en Buenos Aires, también un grupo muy reducido de mandatarios de esa orientación política adhirió espontáneamente a las disposiciones decretadas para el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA). Las clases presenciales se mantuvieron en la amplia mayoría de provincias.
¿Soportará esa firme postura una eventual prórroga del decreto del gobierno nacional una vez finalizados los 15 días de restricciones?
Esta lamentable realidad debe soportar la ciudadanía argentina, toda, no sólo la porteña. Porque el conflicto Nación-CABA sirve como antecedente y puede replicar en cualquier punto del país mientras predomine el empecinamiento y quede totalmente de lado la búsqueda de acuerdos.
