Tras la sanción de la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, el Gobierno nacional comenzó a poner en vigencia las desregulaciones previstas para distintas actividades económicas.
Así se avanzó en la desregulación del transporte aéreo y en la compraventa de automóviles, mientras que se anuncia para fecha próxima la de las prestaciones relacionadas con el turismo y el empleo, entre otras.
La eliminación de trámites innecesarios, en muchos casos ligados simplemente al afán recaudatorio de distintos organismos, municipios y provincias, es una buena medida para abaratar precios en la Argentina.
La suma de todas esas regulaciones colocó al país en el podio de los de mayores costos para la prestación de servicios y la producción de bienes.
La comparación cotidiana respecto de otros lugares muestra el desfase producido por esas regulaciones y el cobro de impuestos y tasas, que terminan por duplicar el valor de lo que se ofrece en la Argentina.
Las desregulaciones son bienvenidas en esa dirección.
Sin embargo, la eliminación de ciertos requisitos, en especial los que están vinculados a ciertas seguridades jurídicas y garantías para el consumidor, conlleva riesgos.
Es lo que sucede, por caso, con la eliminación del certificado de libre deuda para la transferencia de vehículos usados.
La buena fe de los compradores puede ser vulnerada dado el notable robo de vehículos que se verifica en el país, además de la aparición de patentes de “autos mellizos”, entre otras irregularidades en el mercado.
La supresión de las agencias de viaje y de guías turísticos podría perjudicar a los viajeros que necesitan contar con la seguridad de un buen servicio y de una correcta ilustración para sus travesías.
El libre albedrío que intenta consagrar el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, supondría –en ciertas situaciones– una virtual desprotección de los usuarios de servicios.
No se trata de justificar una burocracia que terminó por agigantar la planta de empleados públicos de los diferentes niveles del Estado, sino de establecer derechos y garantías de prestadores y consumidores.
Argentina ha sido tierra fértil para la expansión de los trámites en el Estado, que en muchos casos conllevan a la corrupción y al tráfico de influencias para obtener la aprobación de una gestión.
En forma paralela, crecieron el delito y la estafa en diferentes actividades, que hoy suponen un riesgo para la transparencia y para la garantía de determinadas operaciones comerciales.
Las desregulaciones que prevé el ministro Federico Sturzenegger deben contener las garantías necesarias para sostener los derechos del consumidor.
La supresión de organismos que garantizan la transparencia en las operaciones comerciales y la eliminación de trámites vía profesionales matriculados pueden dar lugar a nuevas estafas, que en la actualidad ya se producen, pese a tales intervenciones.
El Estado debe convertirse en el garante social de que las desregulaciones que se disponen no supondrán un castigo a las leales prácticas comerciales. Lo contrario se traducirá en una desprotección, que afectará, en primer lugar, a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Desregular es importante, correcto y necesario para luchar contra la burocracia pero hay que hacerlo con las debidas precauciones para no perjudicar al consumidor.
