El gobierno nacional anunció recientemente la desregulación, mediante decreto, del sistema de transporte público de pasajeros por vía terrestre en las modalidades de media y larga distancia.
Con esta medida se crea un nuevo registro nacional del transporte, permitiéndose el ingreso de empresas extranjeras y estableciéndose otro régimen de acceso a puertos y aeropuertos para los servicios de transporte.
En la fundamentación de la medida el Poder Ejecutivo Nacional señala, entre otras consideraciones, que se reemplaza una norma legal que tuvo vigencia durante más de treinta años y que, en línea con la política de modernización del Estado que se lleva a cabo, se tiende a una adaptación del sistema “a la dinámica de transporte actual”.
Cae, por otra parte, la definición de servicio público que imperaba hasta ahora. Con esta última cláusula el Ministerio de Desregulación y Modernización del Estado ha buscado limitar restricciones para el establecimiento de precios del servicio, con el acceso de nuevas compañías al sistema al no exigirse ya el recorrido por rutas o destinos no rentables.
Queda claro que la medida adoptada por el gobierno nacional se encuadra en su política de apertura a la libre competencia y de erradicación de trabas burocráticas que durante muchos años han imperado en la vida de los argentinos. Sin embargo, no deberían dejarse de lado ciertos aspectos que caracterizan al servicio terrestre de pasajeros. En primer lugar, la considerable cantidad de empresas que están actualmente habilitadas, más de 160 en todo el país, lo cual sale al cruce de cualquier argumento que apunte a una supuesta monopolización.
En todo caso, debe observarse que durante más de treinta años permanecieron cerrados los registros para la incorporación de nuevos servicios, lo que inevitablemente llevó a un nivel de informalidad que sólo perjudicó a las sociedades correctamente constituidas. Este es un argumento válido a la hora de cotejar, por ejemplo, los precios de los servicios que se prestan. Si a esa carencia se le suma el nuevo cuadro de competencia que surgirá de la medida a implementarse, en el marco de la desregulación dispuesta, sería necesario que se garantice un nivel de prestación basado en los controles de las unidades y la idoneidad del personal a cargo de las mismas.
A ello debe sumársele una necesaria consideración en materia impositiva, ya que el abaratamiento de costos en el escenario de libre competencia que se argumenta promover puede terminar perjudicando a quienes más han invertido tanto en cuanto a unidades de traslado como en personal. No en vano desde el sector transportista se ha explicado que el 50% actual de sus costos proviene de lo que deben afrontar en impuesto y en costo laboral.
Generar el escenario para que la libre competencia se realice en igualdad de condiciones debe correr por cuenta de una legislación que contemple el riesgo empresarial vigente. Y que permita que éste pueda acomodarse a las nuevas exigencias.
En un país extenso como la Argentina, en el que el ferrocarril, pionero en unir pueblos, quedó de lado por compartidas culpas, el transporte automotor de pasajeros quedó en la obligación de servir a millones de personas necesitadas de traslado. Ese precepto debe ser la base de toda reforma. Bienvenida la desregulación, pero para compartir riesgos y esfuerzo.
