El arbolado público tiene dentro del panorama de problemas existentes en la actualidad, una realidad visible que enorgullece a propios y extraños: el hermoso bosque que caracteriza a nuestra ciudad capital.
Sin embargo, el tema es tan sensible que no tiene que ser descuidado y requiere su instalación permanente en la agenda de los asuntos prioritarios de la provincia.
En la actualidad se dirime una controversia entre varias instituciones vinculadas directamente e indirectamente al forestal, encabezadas por el Consejo Provincial de Defensa del Arbolado Público, por un lado, y un grupo de legisladores encabezados por el exintendente de Guaymallén y hoy senador, Marcelino Iglesias.
La discusión tiene que ver con la jurisdicción que debe tener el tratamiento del árbol en el territorio, por lo menos en el ámbito del Gran Mendoza.
El proyecto legislativo sostiene la necesidad de sustituir diversos artículos (5, 20, 22, 24 y 51) de la Ley de Arbolado 7.874, que es la norma que establece como autoridad de aplicación en materia de árbol a la exDirección de Recursos Naturales Renovables (DRNR), repartición que hoy se llama Dirección de Biodiversidad y Ecoparque.
El Consejo de Defensa del Arbolado, junto con varias reparticiones oficiales y privadas, algunas académicas, no está de acuerdo con la iniciativa propiciada por los legisladores de trasladar la autonomía a los municipios, en lo atinente al manejo del aliado vegetal.
Esto significaría que los municipios dejarían de depender de la aprobación de la exDRNR, como autoridad de aplicación, en diversas prácticas, como erradicaciones de ejemplares, tala y rebaje.
El ya citado Consejo (que preside el ingeniero Sergio Carrieri) sostiene que “en principio resulta entendible la propuesta, al eliminar trámites aparentemente burocráticos y en ocasiones posibles demoras en las resoluciones. Pero, no parece lógico modificar una prestigiosa ley, alabada por propios y extraños…”
Del lado de los legisladores, el argumento es advertir que los vecinos acuden al municipio ignorando que las facultades las conserva la provincia.
“Si analizamos un período de tiempo determinado, afirma Iglesias, se puede observar que los municipios han ido incorporando cada vez más responsabilidades. En Guaymallén, proceso en el que actué durante ocho años, se incrementó la cantidad de profesionales -ingenieros agrónomos-, pero, y muy especialmente, se capacitó al personal de calle para que trabajara con más profesionalismo. Tanto en la poda invernal como en la forestación, el personal está adecuadamente capacitado y con todos los elementos necesarios para trabajar adecuadamente. Esto obviamente significó invertir en equipamiento, tanto liviano o de mano, como camiones, chipeadoras (trituradora de ramas), camiones regadores y hidrogrúas, además de construir un Centro Verde que supuso una gran inversión y un salto de calidad”.
En una palabra, que las modificaciones que promueve el proyecto de ley es que los forestales que vegeten en las acequias y cauces municipales, tengan como órgano de aplicación al municipio.
La variante propuesta, según el legislador, es el resultado de ocho años del municipio que gobernó, lapso en que se incrementó la cantidad de forestales en 18% considerando la zona urbana y periurbana.
Las especies elegidas fueron de bajo consumo hídrico y, a su juicio, son las recomendadas por consensos agronómicos.
Como se observa se enfrentan dos posiciones que quieren, a su manera, mejorar el tratamiento y el desarrollo del árbol en la comunidad.
Todavía la cuestión no llegó al debate legislativo pleno.
Al ciudadano común lo único que le interesa es que se sigan plantando ejemplares en los distintos espacios pasibles de recibirlos y que se siga reforestando, en el Gran Mendoza y en los otros oasis, como tímidamente se observa en distintos departamentos.
