El Gobierno nacional y el peronismo no han realizado en público una autocrítica de la derrota electoral, mientras que la oposición se lanzó apresuradamente a una interna por los cargos electivos en 2023. Estas fotografías de las dos fuerzas mayoritarias que surgieron de los comicios legislativos generan inquietud en la población, por un horizonte sin soluciones para los problemas básicos de la sociedad.
Al mismo tiempo, despiertan desconfianza en el exterior, la cual es visible por la fuerte caída de las acciones de las empresas argentinas y el aumento del riesgo país por encima de los 1.700 puntos porcentuales en relación con el rendimiento de los bonos estadounidenses. Los títulos del Estado argentino cotizan a precios de default, pese a la solución alcanzada meses atrás en relación con la deuda pública con inversores externos.
En el mundo se cree que la Argentina está perdiendo la oportunidad de un acuerdo entre el oficialista Frente de Todos y la oposición de Juntos por Cambio en cuestiones como la deuda con el FMI, el recorte del gasto público y la política cambiaria.
El gobierno de Alberto Fernández -que tiene la mayor responsabilidad en la búsqueda de ese acuerdo- está encerrado en irresueltas disputas internas, mientras que las principales urgencias de la sociedad siguen siendo la alta inflación y la inseguridad.
El problema de la inflación tiene múltiples causas, como señala en forma reiterada el ministro de Economía, Martín Guzmán. El principio de solución no puede ser nunca la creación de nuevos impuestos o la suba de las alícuotas de los actuales tributos, para financiar un gasto que la política incrementa con cada decisión.
El llamado “impuesto a los envases”, que grava con el tres por ciento cada etapa del envasado de un producto, puede convertirse en un “impuesto en cascada”, similar al de los Ingresos Brutos, que provocará un aumento en los alimentos.
Lo correcto sería indagar en los gastos recortables del millonario presupuesto nacional, para hallar las partidas que permitan financiar las políticas de protección del ambiente.
La amenaza de mayores retenciones a las ventas externas de carne y de leche, de modo principal, tampoco son una solución para que los dos consumos básicos de los argentinos tengan precios accesibles en el mercado interno. La experiencia demuestra lo inviable de ese criterio.
La inflación es hoy visible en cada etapa de la producción, de la logística y de la comercialización, por lo que es al menos ingenua la decisión oficial de controlar los precios en las góndolas o en los mostradores de las carnicerías.
A todo esto se suma una eventual decisión para incrementar el peso del Impuesto sobre los Bienes Personales o aprobar un nuevo tributo a la riqueza, como ya se produjo este año, con la promesa de “por única vez”.
Los bienes finales tienen en la Argentina una carga impositiva de entre 35 y 55 por ciento, por lo que una de las alternativas para bajar la inflación debería ser reducir el impacto de los impuestos.
Esa decisión exige -necesariamente- una reformulación del gasto estatal.
Mientras esa tarea no sea asumida por el Gobierno y la dirigencia política, la economía mantendrá su actual estancamiento, con picos y valles pero sin un horizonte de crecimiento sustentable que revierta la pobreza.
