El gobierno nacional generó una nueva polémica de corte institucional con la reciente firma de un decreto que restringe el acceso a la información pública. Una medida desde todo punto de vista sorprendente proviniendo de una administración que hace alarde de la aplicación del liberalismo en el manejo del Estado.
Según analistas del derecho, se trata de una acción que roza la inconstitucionalidad, ya que un simple decreto del Ejecutivo no puede restringir los márgenes establecidos por una ley de la Nación. Concretamente, el decreto presidencial de referencia (780/24) marca una ampliación de las excepciones ya vigentes al derecho de acceso a la información, lo que se traduce en el otorgamiento de mayor discrecionalidad a los funcionarios gubernamentales.
En los fundamentos de los planteos efectuados por una elevada cantidad de instituciones y organizaciones civiles en contra de la medida, se indica que con esta modificación el Gobierno argentino no sólo está contraviniendo los alcances de la ley 27.275; también se vulnerarían estándares internacionales en cuanto a transparencia.
Como bien se ha señalado a través de muy confiables columnas periodísticas de opinión, la ley de acceso a la información que ahora buscó restringir en sus alcances la Presidencia de la Nación sirvió de valioso aporte para la investigación de hechos de corrupción política en el país en las últimas décadas. Muchas veces las simples y confiables fuentes de información que poseen los periodistas se ven respaldadas en la documentación a la que pueden, y deben, acceder sin obstáculos, justamente por ser de carácter público.
Además, como bien se señala, no solamente los periodistas pueden hacer uso de esa ley; cualquier argentino, sin ni siquiera acreditar las razones ni contar con un abogado, puede reclamar información sobre los actos del Estado. Adviértase, por lo tanto, el error que se comete desde el poder si lo que se pretende es embestir solamente contra ciertos periodistas, como ya es costumbre, lamentablemente, también con este gobierno.
El actual gobierno no debería adoptar medidas que inevitablemente le confieran rasgos autoritarios que no condicen con el marco de libertad que debe imperar en una sociedad democrática. La embestida contra periodistas y medios de comunicación no es algo novedoso en el país, lamentablemente. Ha habido ejemplos muy claros, especialmente, durante los sucesivos gobiernos kirchneristas. En todos los casos desbaratados mediante la correcta interpretación judicial de los hechos. En esta oportunidad la criticada decisión oficial coincide, por ejemplo, con la polémica existente a raíz de la nominación del cuestionado juez Ariel Lijo para ser miembro de la Corte Suprema. ¿Será una simple casualidad?
Es de esperar que haya un replanteo por parte del Poder Ejecutivo para que vuelva la calma en un tema tan delicado. Un paso en ese sentido parece haberse dado; en su reciente visita a la Cámara de Diputados para exponer sobre el rumbo de la gestión del gobierno nacional, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, contestó a inquietudes legislativas sobre la polémica suscitada. El alto funcionario libertario prometió revisar los alcances de la medida para evaluar las condiciones restrictivas denunciadas desde la oposición y numerosas entidades, como acabamos de señalar. El ejercicio del diálogo político debe ser el mejor bálsamo en casos como el que preocupa.
