Una vez más, el Gobierno nacional tergiversó graves denuncias en contra del gobernador de Formosa por violaciones a los derechos humanos.
La alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, en su informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la entidad, advirtió sobre los “más graves retrocesos” en la materia que se pudieron detectar en el mundo bajo la excusa de que se trataba de medidas para limitar la propagación del coronavirus.
En la lista de los países denunciados figuran, entre otros, Serbia, Rusia, China, Colombia, México, Líbano, Afganistán, Camboya y Argentina.
Nuestro país integró ese grupo por las políticas restrictivas implementadas por Gildo Insfrán en Formosa.
Un miembro de la delegación que la ONU tiene en el país realizó una evaluación de la situación asistido por personal de otros organismos de Naciones Unidas, como Unicef, OMS y Acnudh.
Luego inició consultas con las autoridades sobre un posible programa estratégico conjunto de la ONU para responder a la emergencia sanitaria en la provincia de acuerdo con las normas internacionales de derechos humanos, que incluyen abordar una serie de problemas estructurales, con especial atención a los pueblos indígenas y las poblaciones vulnerables.
En esa instancia, la respuesta argentina habría sido positiva, como también lo fueron, abundó, las de Camboya y Serbia.
Es decir que estos países tomaron conciencia de la crítica realidad que se les informaba y, en consecuencia, se comprometieron a revertirla.
En la práctica, esto implica que la ONU avaló las denuncias que en su momento formularon organizaciones no gubernamentales como Amnistía y Human Rights Watch, así como dirigentes políticos de la oposición, y que cuando se le informó al Gobierno nacional de las violaciones a los derechos humanos de los formoseños, las autoridades argentinas aceptaron el dictamen y se mostraron dispuestas a actuar en consecuencia.
Sin embargo, así como en su momento el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, viajó a Formosa para encabezar una pequeña investigación en terreno en la que determinó que no había ninguna violación de las libertades individuales, ahora, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Felipe Solá, expresó su satisfacción porque, según él, Bachelet habría destacado en su informe “la respuesta positiva de Argentina a la acción de su equipo”, al presentar el caso como un “elogio al trabajo común” de un país con la ONU.
Nada más falaz. Si un país cumple con su propio marco legal y los pactos internacionales, no necesita de la colaboración de la ONU para garantizar los derechos humanos de sus habitantes.
De hecho, en esos países, la ONU se abstiene de intervenir.
Por el contrario, sus representantes entran en acción cuando hay denuncias documentadas de violaciones de los derechos humanos para corroborarlas o refutarlas.
Que las autoridades argentinas hayan aceptado el resultado no niega la gravedad de lo ocurrido.
