El Gobierno nacional ha puesto a funcionarios, a intendentes y a dirigentes sociales afines a batallar en favor del congelamiento de precios, en medio de la incertidumbre sobre su real impacto en las góndolas.
La lista de 1.432 productos elaborada por la Secretaría de Comercio Interior sin el consenso de las principales firmas de alimentos del país, establece valores que, en algunos casos, equivalen a un 30 por ciento menos de los que regían con posterioridad al 1° de octubre.
La inflación promedio de septiembre fue de 3,5 por ciento, con un incremento en los primeros nueve meses del año del 37 por ciento, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).
Consultoras privadas afirman que la inercia inflacionaria se mantuvo en las primeras semanas de octubre, por lo que proyectan para este mes un índice de aumento de precios similar o por encima del registro del mes anterior.
Algunos de los motores que empujaron el alza son la suba de insumos básicos; el incremento en los costos de logística y los aumentos dispuestos en paritarias, que actualizaron acuerdos cerrados a principios de año entre 32 y 35 por ciento a mejoras de entre 45 y 50 por ciento.
El virtual cierre de importaciones por la falta de dólares en el Banco Central golpea a la actividad industrial, que debió paralizar el ensamblado de ciertos productos o frenar su elaboración ante la carencia de componentes clave para el armado.
A este panorama se sumó una emisión descontrolada por parte de la administración de Alberto Fernández, que pretende recuperar el terreno perdido en las elecciones primarias del 12 de septiembre.
El control de la inflación debió ser asumido por el Banco Central, ya sea a través de una restricción de la emisión o bien con la absorción de los pesos lanzados al mercado.
Esta acción, no obstante, tiene un costo cuasifiscal para el ente monetario, que incrementa sus pasivos.
La decisión de la Secretaría de Comercio Interior repite una mala experiencia en la que la Argentina reincide desde 1973, cuando se lanzó el plan inflación cero de José Ber Gelbard, entre los intentos fallidos más recordados.
El Gobierno acudió a esta resolución dado que la inflación reduce a la insignificancia los diferentes aumentos o subsidios otorgados con la intención de obtener un resultado favorable en los comicios del 14 de noviembre.
Asombra la irresponsabilidad con la se convalida el despilfarro de pesos, acompañado por un congelamiento de las tarifas de los servicios públicos y del valor de los combustibles, además del cepo al dólar.
Alberto Fernández, como proclama en las tribunas partidarias, debe asumir el control pleno de la gestión y alentar un diálogo genuino, sin falsas posiciones ni antinomias que perjudican el intercambio sincero con la oposición.
El desarrollo personal y económico de millones de argentinos no puede seguir descendiendo por un tobogán que les priva de un bienestar mínimo y de un futuro de mejores oportunidades.
El control de precios utilizado como herramienta electoral será un remedio peor que la enfermedad, que a la larga sólo contribuirá a aumentar aún más la inflación.
