Se sabe que el presidente Alberto Fernández acomoda su discurso de acuerdo con el interlocutor del momento o a la búsqueda del equilibrio político interno del Frente de Todos. La última de esas actitudes está vinculada con la adhesión a la crítica carta de los senadores nacionales justicialistas dirigida al FMI. La misiva, inspirada en palabras y posiciones públicas de la vicepresidenta Cristina Fernández, es una fuerte crítica al FMI por el préstamo dado en la gestión de Macri.
Según los legisladores, ese dinero se despilfarró en la anterior administración y facilitó la fuga de capitales. Por ende, los senadores oficialistas exigen condiciones más flexibles para refinanciar una deuda de 44 mil millones de dólares.
La carta incluye varias incongruencias que fueron avaladas por el jefe del Estado. Una de ellas se refiere a la fuga de capitales, un fenómeno que se repite en la Argentina durante las últimas décadas, por una inflación en aumento y por la desconfianza de los ahorristas en las políticas para sostener el valor del peso. Esa actitud preventiva se agudizó luego de la categórica derrota de Mauricio Macri en las primarias realizadas el 11 de agosto de 2019. La incertidumbre sobre las futuras acciones de Alberto Fernández, ganador en los comicios, aceleró la colocación de dólares en el exterior o fuera del circuito formal.
Pese a sus promesas de campaña, el actual mandatario no logró reducir el endeudamiento público, que creció 19.846 millones de dólares. Ese monto representa poco más del 45% del monto neto del préstamo que recibió Macri del FMI. El Presidente no logró detener la fuga de capitales, que él prometía corregir en la campaña, ni tampoco redujo el endeudamiento público, una de sus banderas en alusión a la gestión realizada por Néstor Kirchner en 2005, en otro contexto económico global.
La deuda pública, como sucede desde hace 60 años, no dejará de aumentar mientras no se reduzca el déficit de la administración pública. La alternativa de financiar el rojo de las cuentas públicas con mayores ingresos da muestras de agotamiento, ante la caída de la actividad privada, que no puede atender la proliferación de nuevos impuestos.
Legisladores de Chubut decidieron impulsar un tributo a los generadores eólicos, llamado “impuesto al viento”, mientras que los legisladores nacionales del Frente de Todos defienden un “impuesto a la riqueza”, que afecta a la producción agropecuaria e industrial, más allá de alcanzar a personas que tengan gran fortuna.
El camino que debe imaginar Alberto Fernández es el de reducir el gasto público, que el ministro de Economía, Martín Guzmán, prometió bajar en un compromiso plurianual, pero que no es refrendado en la práctica por el kirchnerismo. El festival de gastos asistenciales y bonos navideños que se anuncia no contribuirá a reducir el déficit ni el endeudamiento público.
Es hora de sincerar y racionalizar los discursos, para evitar una crisis más profunda.
