La incorporación masiva de empleados públicos era un fenómeno que, por lo general, se registraba en simultáneo con la retirada de las autoridades de turno. Aunque esa posibilidad sigue abierta, el ingreso al sector público se tornó cotidiano en los distintos niveles de gobierno, a partir de las sucesivas crisis económicas.
El ministro de Economía, Sergio Massa, prometió cuando asumió, el 3 de agosto de 2022, que congelaba las vacantes y el ingreso a la plantilla del Estado nacional. Esa directiva no se cumplió en las empresas ni en los organismos autárquicos dependientes del Gobierno nacional, ni tampoco en el Palacio de Hacienda que conduce el propio candidato del oficialismo. Massa llamó a concurso para cubrir 799 vacantes, y de esa convocatoria sólo puede participar personal que ya se encuentra en el Estado o contratados que hayan realizado ciertas “capacitaciones” en los últimos años.
El concurso está circunscrito, entonces, a un coto cerrado de postulantes, por lo que ciudadanos con mayores capacidades o antecedentes no pueden participar en la selección.
Las excusas para sortear la promesa de Massa son múltiples, desde la creación de unidades ejecutoras, situaciones de emergencias que se declaran o la creación de nuevos organismos y funciones.
Pero la cartera económica no es la única que en las últimas semanas decidió engrosar el número de empleados con militantes o dirigentes afines.
En fecha reciente, la Jefatura de Gabinete de Ministros autorizó el ingreso de 30 empleados a la planta permanente de la Procuración del Tesoro, y de otros 200 al Ministerio de Seguridad.
Este breve resumen excluye las designaciones de menos de 10 personas, que se producen en forma casi diaria en distintas áreas de la administración central.
La situación no es distinta en provincias y en municipios, ya que en 13 de los 24 distritos el empleo público supera al privado registrado.
El 37% de los trabajadores registrados cumple funciones en los distintos niveles del Estado, de acuerdo con datos oficiales a mayo último. El porcentaje se pudo haber incrementado en los últimos meses.
Hay provincias donde esa relación es superada con amplitud: en Formosa, el 70% de los empleados con aportes se desempeñan en el sector público; en La Rioja, el 67%; en Catamarca, el 65%, y en Santiago del Estero, el 61%.
El mismo registro reveló que desde que Massa llegó al quinto piso de Economía ingresaron 54.027 personas a las diversas administraciones públicas en poco más de un año. Más de 145 ingresos por día.
El empleo público no debiera ser un botín de los gobernantes de turno, porque las garantías constitucionales sobre la estabilidad de esa tarea convierten esas designaciones en una pesada carga para las sucesivas administraciones.
La repudiable actitud de los actuales mandatarios debe ser corregida en limitar los alcances de la garantía constitucional y con la realización de concursos públicos para facilitar el ingreso de los más capacitados, lejos del actual clientelismo político.
