Cerca de mil empresarios reclamaron al Congreso de la Nación una reducción del “peso del Estado”.
Lo hicieron a través de una carta impresa en un bloque de hormigón, para simbolizar lo que les cuesta a los agentes económicos sostener, a través de los impuestos, un gasto público que no para de crecer.
Dirigida a las comisiones de Presupuesto y Hacienda de ambas cámaras legislativas, la carta considera “imprescindible ordenar la macroeconomía y conseguir un equilibrio fiscal sostenido y duradero para desarrollarlo”.
Como sabemos, el déficit fiscal es un vicio o defecto de la política nacional que nadie ha querido corregir.
Desde 1960 y hasta hoy, Argentina tuvo déficit primario en más de 45 años y déficit financiero en más de 50 años.
Ese déficit permanente ha sido solventado, sobre todo, con emisión de dinero o emisión de deuda.
De allí la periódica suba del endeudamiento, la depreciación de la moneda, la inflación.
La otra fuente de financiamiento siempre a mano ha sido la creación de nuevos impuestos o la modificación de las alícuotas de los que ya existían.
En más de una ocasión se habló de tributos provisorios, hasta que se superase una crisis coyuntural. Pero las crisis coyunturales se vuelven estructurales y los impuestos que iban a durar poco demuestran tener larga vida.
El Impuesto a las Ganancias se estableció por ley en enero de 1932. Duraría hasta fines de 1934. Nunca fue derogado. Y ya pasaron 91 años.
Por eso, los empresarios reclaman en su carta una “reducción del gasto público en todos los niveles de gobierno y en todas las jurisdicciones, ya que el aumento de la presión fiscal sobre el sector formal de la economía, que ha alcanzado niveles récord en Argentina, resulta insostenible”.
Es que –según un informe del Banco Mundial– cuando se analiza la presión fiscal sobre las empresas, medida en porcentaje sobre la utilidad neta, Argentina lidera el ranking con un índice de 106%, contra el 40% que representa el promedio mundial y el 50% que representa el promedio sudamericano.
Traducido, nuestras empresas, más allá de sus problemas de productividad, tienen casi nulas posibilidades de competir en el mercado internacional, por el famoso “costo argentino”: en el precio de sus productos, el Estado pesa el doble que en el promedio de los países de la región; o para ser más específicos, casi el triple de lo que representa el Estado chileno para una empresa trasandina.
En consecuencia, la carta insta a nuestros legisladores a elaborar y a consensuar un presupuesto equilibrado para 2024, que luego, al ser responsablemente administrado, marque un punto de inflexión y demuestre un cambio de hábitos políticos.
La reducción del gasto público no sólo es necesaria para alcanzar primero el “déficit cero” y luego un significativo superávit, sino también para que sea posible disminuir las cargas tributarias.
Hay países con déficit fiscal, claro está. Pero cuentan con fuentes genuinas de financiación, tienen baja inflación y una macroeconomía estable. Hasta que Argentina no logre esos objetivos, el Estado debe gastar menos de lo que recauda.
