En diciembre de 2001, cuando Fernando de la Rúa renunció a la Presidencia y concluyó la convertibilidad, el Estado argentino asistía apenas a unas 400 mil personas. Era una ayuda casi exclusivamente alimentaria. Hoy, esa asistencia se ha diversificado y alcanza a casi 12 millones de personas. Más que décadas ganadas, las cifras señalan décadas perdidas.
Con la crisis de 2001, la pobreza trepó hasta el 54 por ciento, mientras que la indigencia llegó al 27 por ciento. En 2005, cuando los planes asistenciales ya se habían expandido a más de tres millones de beneficiarios de la mano del programa Jefas y Jefes de Hogar, el 33 por ciento de la población era pobre.
Luego vino la “década oscura”, cuando el Indec dejó de estimar la pobreza y de producir otras estadísticas imprescindibles para cualquier país.
Tras la reformulación del Indec al comienzo de la gestión de Macri, en 2016 el índice de pobreza volvió a marcar un 33 por ciento. Hoy ronda el 44 por ciento, según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.
Sin embargo, en todos estos años la red estatal y paraestatal de contención de la pobreza creció y se diversificó. Distintas oficinas y agencias del Estado, junto a una importante cantidad de organizaciones sociales con precisas ubicaciones territoriales –y en no pocos casos, objetivos políticos insoslayables–, operaron en ese sentido. A la par, se multiplicaron los estudios sobre las características de esa pobreza, y con ellos los diagnósticos y las propuestas de abordaje.
Así, por ejemplo, sabemos que la crisis de 2008/2009 agravó la situación porque detuvo la recuperación económica y con ello se frenó la creación de empleo. Entonces, se consolidó la Argentina de los tercios: un tercio de la fuerza laboral tiene empleos seguros, formales y calificados; un tercio, más independiente, sobrevive en la informalidad, al ritmo de la actividad económica; el otro tercio está cada vez más excluido, en tareas muy precarias y mal pagas.
En la base de la pirámide social, ese cuadro, combinado con una constante y alta inflación, golpea con mayor fuerza: cada vez hace falta más dinero; y cada vez lo que entra alcanza para menos, lo aporte el Estado o lo consiga uno trabajando.
Algunas investigaciones calculan que en el 20 por ciento de los hogares de menos recursos, la mitad del dinero que ingresa corresponde a la asistencia social, mientras que la otra mitad se origina en changas u otras actividades precarias y ocasionales.
Por todo ello, como advirtiera hace poco el Observatorio de la Deuda Social, el asistencialismo estatal contiene el problema de la pobreza, pero no lo soluciona.
Un principio de solución sería reactivar y dinamizar el empleo, aunque se sepa que en el núcleo duro de la pobreza hay mucha gente que no tiene experiencia laboral y que abandonó sus estudios antes de concluir la escuela.
Pero eso sólo será posible si la dirigencia política acuerda cerrar el nefasto ciclo económico que se abrió hace 20 años.
