Son cuantiosos los informes de organismos internacionales que a lo largo de décadas vienen visibilizando un flagelo de nunca acabar: el maltrato infantil. Muchos ahora mayores aún cargan con las secuelas psicológicas de una niñez cruzada por la desatención y el castigo infame que recibieron en un entorno familiar de alta complejidad. También existe abundante material periodístico sobre este drama, tanto en lo concerniente al maltrato físico como a la explotación laboral..
Sin embargo, pasan los años y el fenómeno se expande hasta los límites de la tragedia. Allí permanece, como doloroso antecedente, el incalificable homicidio del menor de cinco años Lucio Dupuy, perpetrado en octubre pasado en la ciudad pampeana de Santa Rosa.
La Justicia constató que el niño murió a causa de los golpes que, presuntamente, recibió de parte de su madre y de la novia de esta. Ambas mujeres continúan presas.
La mayoría de los informes que toman estado público sobre el maltrato infantil tienen reservada una buena parte a la ausencia del Estado en la prevención y el seguimiento de situaciones bajo sospecha. Tanto en los grupos sociales más pobres como en familias económicamente acomodadas. Los investigadores judiciales y los profesionales dedicados a la protección de la niñez son coincidentes en que la reacción brutal de los adultos no encuentra diferencias de clases sociales. Pero son precisos al poner en recuadro un dato crucial: detrás de un niño maltratado, hay un clima familiar conflictivo, que no se limita a una sola persona.
Sobre la base de testimonios de especialistas en esta problemática, hay un conjunto de adultos a quienes la situación de crisis y de violencia intrafamiliar les resultó incontrolable. Aun así, descargar las frustraciones personales contra una criatura es de una monstruosidad total.
Siempre respaldados en antecedentes judiciales y en los reportes de las entidades que batallan por los derechos de la niñez y de la adolescencia, hay muchos casos de violencia que acumulan años. Y es ahí cuando la reacción del Estado llega tarde.
Es impropio que un organismo público desconozca que hay niños y adolescentes que son explotados con un rigor inhumano en los cortaderos de ladrillos o en la fatigosa mendicidad callejera.
La intervención temprana impediría que este sistema perverso se prolongue en el tiempo y que los capataces del horror queden a salvo de la Justicia.
En síntesis, el Estado y la sociedad deben aportar desde sus ámbitos de responsabilidad para que el maltrato infantil deje de escribir historias estremecedoras.
