Durante el Segundo Encuentro Federal de Derecho, en el que también participaron estudiantes de dicha carrera, el presidente de la Nación sostuvo que los jueces de nuestro país deberían tener un límite de 10 años en sus funciones y para renovar sus cargos volver a ser consideradas sus cualidades por el Senado nacional.
Tales expresiones generaron un rechazo importante por parte de la oposición política y también de distintas organizaciones de magistrados y entidades afines, ante la sospecha de que esta iniciativa del doctor Alberto Fernández desnuda las intenciones del kirchnerismo de embestir contra la independencia del Poder Judicial. Iniciativa que hasta el momento no prosperó en el Congreso porque el oficialismo no tiene el número necesario de diputados para modificar mayorías y lograr su cometido.
Los objetivos de la citada estrategia del oficialismo se sustentan en aspectos ideológicos, a los que se les suma la búsqueda de impunidad en los numerosos casos de corrupción investigados y en proceso en los tribunales nacionales. Ello queda más en evidencia por el fuerte cuestionamiento que también hizo Fernández contra el camarista Martín Irurzun y el fallecido juez Claudio Bonadío, sobre los que opino que “quedaron contaminados por las malas prácticas”. Bonadío instruyó la denominada causa de los cuadernos de las coimas, que tiene como principal procesada a Cristina Fernández de Kirchner.
El funcionamiento de la Corte Suprema, como el número de miembros que la deberían integrar según el Gobierno, y la reforma del Ministerio Público Fiscal han sido hasta ahora objetivos claros de la actual gestión desde su arranque. Ello no fue posible, entre otras razones, por la resistencia de la oposición, a favor de la defensa de los preceptos republicanos que se sustentan en la división de poderes y el equilibrio institucional. Debe destacarse que todavía predomina una mayoritaria corriente de jueces y fiscales que resisten cualquier tipo de intromisión de la política en sus normas de funcionamiento.
La Constitución Nacional es clara en cuanto al tiempo de desempeño de los jueces: durarán en sus cargos mientras se mantenga su buena conducta. Al cumplir 75 años de edad requieren un nuevo proceso de nombramiento, con otro proceso de acuerdo del Senado, por una razonable cuestión biológica. Es la única salvedad. Muy diferente al filtro que postula el Presidente, cada diez años.
Lo que rige es el principio de inamovilidad de los jueces, que son elegidos por el poder político (los nomina el Ejecutivo y los aprueba o rechaza el Legislativo).
El de la inamovilidad es un mecanismo importante para garantizar la función principal del Poder Judicial, que consiste en interpretar las leyes y fallar conforme al cumplimiento o no de las mismas.
El carácter vitalicio de los magistrados es una garantía republicana que la autoridad política de turno no debería desconocer.
Esa inamovilidad, vale destacarlo, es una de las principales garantías de nuestro sistema constitucional para garantizar la independencia del Poder Judicial de toda influencia de los restantes poderes del Estado, con su consecuente seguridad jurídica.
Aunque siempre perfectible, es un mecanismo que la ciudadanía, con su voto, nunca debería permitir que se avasallara.
