El reciente discurso del presidente de la Nación con motivo de la presentación del proyecto de presupuesto general para el año próximo merece ser destacado. La Constitución Nacional establece con claridad que es una de las atribuciones anuales del Congreso de la Nación “en base al programa general del gobierno” y a otros requerimientos fijados.
No ha sido habitual que un jefe del Estado se apersone al Parlamento para hacer entrega de una propuesta que habitualmente remite el titular del Ministerio de Economía, pero en las actuales circunstancias la actitud es elogiable, porque de algún modo tiende a que la sociedad tome consciencia de la importancia de la planificación del manejo de los gastos y recursos del Estado.
En base a lo expuesto, el gobierno nacional estima para este año un cierre de la inflación en 104,4%, mientras que para el próximo apunta a un índice de 18,3%, de acuerdo con la proyección presupuestaria dada a conocer el domingo a la noche, no compartida por varios economistas. Se deben reiterar cifras que acompañaron la exposición presidencial y que están vinculadas a la pauta presupuestaria presentada, como un crecimiento del PBI de 5%, además de un dólar oficial que llegaría a 1.207 pesos en diciembre de 2025 con el mantenimiento de un ritmo devaluatorio del 2% mensual.
Como bien han señalado políticos que respetan y respaldan la política fiscal del Gobierno, el proyecto de Presupuesto para el próximo año constituirá un gran desafío para el Congreso, que deberá debatir sobre sus alcances e intentar acordar un texto que lo viabilice en base a las pautas trazadas por el Ejecutivo. El Presidente dobló la apuesta en tal sentido al reiterar en su mensaje que toda ley que atente contra el equilibrio fiscal será vetada.
Si todo resulta como el Gobierno propone, será ésta la primera oportunidad en mucho tiempo en que la Argentina tenga un presupuesto sustentado en el equilibrio fiscal. Una línea directriz a la que tendrán que someterse inevitablemente tanto gobernadores como intendentes. En las condiciones planteadas por Javier Milei la mirada política sobre el gasto público debería cambiar de manera contundente.
Es meritorio el afán gubernamental para instalar una macroeconomía más estable, con un ordenamiento que pueda trascender en el tiempo, evitando los clásicos altibajos que frecuentemente llenaron de interrogantes a potenciales inversores. Sería ideal una política de Estado en tal sentido.
Además, al empresariado en general lo seduce la posibilidad concreta, según las promesas del Gobierno, de que detrás del esfuerzo para consolidar la posibilidad de superávit fiscal se pueda dar paso a la erradicación paulatina y concreta del tormento que ha significado por décadas la presión impositiva ejercida sobre la producción y la industria.
De los conceptos vertidos por el Presidente surgen dos aspectos fundamentales: el concepto de aplicar un “cepo al Estado”, es decir, cumplir a rajatabla con el precepto fundacional del Gobierno en cuanto al equilibrio fiscal, y también respetar metas con las obligaciones de la deuda externa de la Argentina, lo que significa asumir compromisos que puede merecer discusión política, hay que reconocerlo, pero que aportan a la credibilidad del país en el exterior, volteando de una vez por todas la ganada fama de Estado no pagador de sus compromisos y obligaciones.
Sí queda una cuenta pendiente con el grueso de la ciudadanía, que viene afrontando el fuerte ajuste con múltiples contrariedades. Se trata de la recuperación que también cabe esperar para el próximo año, de modo que la población comprenda y reconozca que esta vez el esfuerzo tuvo validez.
