La pretendida ampliación del número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de 5 a 25, lo que muestra es otro claro intento del gobierno nacional por neutralizar la independencia del Poder Judicial. No es el primer intento del kirchnerismo, pero en este caso la alevosía desborda cualquier límite de tolerancia.
La promoción de la iniciativa, esta vez a través de los gobernadores justicialistas, hace visible el propósito de facilitar la obtención de mayorías necesarias en el Congreso para llevar adelante semejante atropello institucional. La influencia de los jefes provinciales sobre los legisladores que los representan puede asegurar la aprobación de semejante iniciativa.
Si cada provincia aspira a estar representada en la eventual ampliación del máximo tribunal de justicia del país, ¿cómo no pensar en una conformación del mismo que responda mayoritariamente al espacio gobernante? ¿Qué nivel de ecuanimidad e imparcialidad se puede esperar de un tribunal notoriamente influido por la política cuando en un plenario de 25 miembros máximos presentes la mayoría se obtiene con 13 votos? Hay en estos momentos 20 mandatarios del oficialismo, aunque los mandatarios de Córdoba y Santa Fe no responden a semejante desmesura.
El verdadero propósito de este ataque político orquestado es desbaratar el accionar de una Corte Suprema de Justicia que demostró con el tiempo mantener su independencia de toda influencia política. Una nueva evidencia de que, en general, la dirigencia partidaria argentina poco y nada soporta el control republicano que debe observar el Poder Judicial.
En forma acertada, y muy oportuna, distintas organizaciones empresariales argentinas salieron a dar a conocer sus puntos de vista críticos con la iniciativa. Para IDEA el proyecto de aumentar el número de miembros de la Corte “constituye un mensaje negativo y grave que va en contra de la necesidad de construir y mantener instituciones sólidas”, además se indica que la iniciativa va en contra del principio fundamental republicano de la división de poderes.
Por su parte, el Foro de Convergencia Empresarial recordó que la proyectada ampliación del máximo tribunal ya fue cuestionada desde el punto de vista constitucional por la Academia Nacional de Derecho. “Además –indicó-, genera incertidumbre para el sector productivo y para el inversor, que requieren reglas estables que no afecten el sistema republicano de gobierno establecido por nuestra Constitución Nacional”.
No cuesta mucho deducir, lamentablemente, que la propuesta lleva el sello político de los sectores más radicalizados del oficialismo de turno y que forma parte, como un capítulo más, del enfrentamiento de la vicepresidenta de la Nación y sus seguidores con la Justicia por la investigación de numerosos hechos de corrupción que marcaron a los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015. Será vital el cuidado que observe la oposición en el Congreso.
Si bien la Constitución establece que el nombramiento de un juez requiere del voto afirmativo de los dos tercios de los senadores, una ley ampliatoria del número de integrantes de la Corte, como pretende el Frente de Todos, requiere sólo del voto mayoritario de miembros presentes en el momento del debate y votación. Con lo cual la aprobación legislativa de semejante embate jurídico penderá permanentemente como espada de Damocles sobre la vida institucional de la Argentina.
