Como conclusión de su reciente encuentro en Córdoba, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) volvió a plantear el duro trajinar del periodismo en la región por la triste reiteración de asesinatos, además de persecuciones, proscripciones, acoso financiero y provocaciones públicas por parte de autoridades u organizaciones vinculas al poder o la política en general.
Según la 80ª Asamblea General de la institución, “imperaron en el último semestre múltiples formas de violencia y agresiones contra el ejercicio del periodismo”, señalando que lo más extremo fueron el asesinato de cuatro periodistas y la desaparición de una reportera. Acota el documento que “la represión, la impunidad y el hostigamiento a periodistas, así como las trabas al acceso a la información pública, constituyen un problema estructural en numerosos países del hemisferio” desde “ideologías políticas diversas”.
Entre los países en los que predominan las agresiones físicas se menciona a Canadá, Estados Unidos, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, México (tres asesinatos), Colombia (un asesinato), Paraguay, Jamaica, Nicaragua (una desaparición), Perú y Venezuela, éste, como se sabe, bajo el régimen dictatorial chavista.
En lo referente a la Argentina, la SIP trató denuncias mayormente radicadas contra actitudes públicas del presidente Javier Milei, recogiendo datos aportados en gran medida por el Foro de Periodismo Argentino (Fopea). Se sabe, justamente, que el jefe del Estado suele calificar a los periodistas como “ensobrados”, “mentirosos”, “difamadores”, “esbirros”, “manipuladores” entre otros fuertes términos. El caso considerado de más gravedad fue el protagonizado por el propio Presidente en el acto público con motivo de la presentación formal de su espacio, La Libertad Avanza, como partido nacional.
Siguiendo con su mirada sobre las acusaciones a periodistas en nuestro país, la SIP también sostuvo que dichos hechos “conllevan un efecto contagio que se manifiesta en hordas digitales que amplifican los insultos” contra hombres y mujeres de la prensa.
El balance efectuado no dejó de lado el polémico decreto que introdujo restricciones a la Ley de Acceso a la Información Pública. Destacó el documento que dicha norma, del año 2017, “en línea con la jurisprudencia de la Corte Interamericana y acorde a los estándares internacionales, fue uno de los hitos en la ampliación y consolidación de la libertad de expresión en Argentina”.
Más allá de lo expresado por la SIP, se debe señalar que, afortunadamente, la prensa argentina no ha sufrido últimamente el drama de crímenes y ataques físicos de todo tipo que sí afectan al periodismo en otros países, como bien se señala en el documento.
Sin embargo, no haber llegado a ese nivel de locura y criminalidad política no exime a la clase dirigente de nuestro país, incluyendo al presidente de la Nación y demás autoridades, de una calificación bastante deplorable con respecto a la búsqueda de consensos y respeto por el disenso que debe imperar en toda democracia republicana bien arraigada.
Como el informe elaborado por la SIP refiere a los últimos seis meses, quedan al margen actitudes deplorables que ya hemos experimentado en nuestro país en materia de censura y persecución a periodistas y medios durante los años de gobierno del kirchnerismo.
Por lo tanto, es de esperar que, detrás de logros de gestión necesarios para la Argentina, cesen las sospechas y acusaciones que el periodismo en general recibe sin merecerlo. Básicamente si no se menciona a quién y por qué se acusa y sin formular la denuncia pertinente.
