En los próximos días tomarán posesión de sus bancas los legisladores nacionales electos el 14 de noviembre. Una vez más el proceso democrático da paso a la renovación periódica de los cargos electivos contemplados en la Constitución Nacional, que otorgan sustento a la división de poderes distintiva del sistema republicano de gobierno.
Queda claro que los elegidos por los ciudadanos en todo el país son sus representantes al Congreso Nacional, como también, en el caso específico de los senadores, quienes deben defender los intereses de las provincias que componen la Argentina.
La renovación parlamentaria surgida de las recientes elecciones muestra una particularidad: tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores ningún sector partidario ejercerá la mayoría plena. Es decir, se habilita la práctica entre minorías que necesariamente requerirán de acuerdos para poder avanzar con la legislación que se pretenda aprobar.
El oficialismo ya era primera minoría antes del proceso electoral reciente, pero en el Senado perdió la posibilidad de contar con quórum propio.
Esa realidad demuestra que una etapa de consensos cabe esperar a partir del 10 de este mes del ámbito parlamentario nacional.
Es bueno tener presente que el resultado electoral global en el país, que le dio una clara ventaja a la principal coalición de la oposición, no abre la puerta a la posibilidad de un cogobierno.
La de gobernar es responsabilidad del Ejecutivo nacional hasta 2023.
Lo que debe arrancar en los próximos días es un proceso de equilibrio institucional garantizado por el control de las acciones de gobierno que debe surgir del Parlamento, en especial cuando en éste no hay predominio de ocasionales mayorías.
También es propio de los diputados y senadores ejercer un eficiente monitoreo de lo relacionado con el funcionamiento del Poder Judicial, siempre ganado por las ineficiencias y las influencias políticas por igual.
Las ineficiencias por lo general perjudican a la sociedad en su conjunto, mientras que las influencias políticas llevan a la colonización ideológica de los estrados y a la búsqueda de reformas que sólo amparen conveniencias sectoriales y partidarias.
Es importante que el peso político adquirido por la oposición en base a la expresión de la gente en las urnas se mantenga en el tiempo y supere las lógicas diferencias que puedan surgir entre sus miembros.
Diferencias que, en todo caso, en la práctica no sean tales, sino preferentemente matices sobre determinados asuntos que puedan ser subsanados mediante un básico acuerdo. Toda ruptura puede significar una nueva frustración de expectativas electorales.
El equilibrio institucional logrado en el Congreso luego de las últimas elecciones debe permitir la consolidación de un camino de posibles alternancias en la conducción del Estado nacional.
Porque eso es lo que expresó el pueblo mayoritariamente con su voto a lo largo y a lo ancho del país y muy especialmente en las provincias que renovaron sus representantes al Senado.
Se trata, principalmente, de un gesto de madurez política que, de una vez por todas, requiere una sociedad cada vez más golpeada por los problemas económicos y sociales.
Es de esperar entonces que los legisladores actúen como lo que deben ser, representantes del pueblo, en vez de representantes de sí mismos.
