La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) detectó que unos 250 mil beneficiarios de planes sociales compraron dólares “ahorro” en los últimos meses o declararon Bienes Personales. La irregularidad alcanza al 20% del padrón del Programa Potenciar Trabajo y se descubrió a partir de un pedido del exministro de Desarrollo Social Juan Zabaleta, lo que podría indicar que tenía una fuerte sospecha y quería constatarla. La respuesta llegó después de que este fuera reemplazado por Victoria Tolosa Paz.
Apenas se conoció la existencia del documento por los medios de prensa, el fiscal federal Guillermo Marijuán abrió una investigación preliminar. Pidió le remitan “con carácter de urgente” copia del relevamiento.
Obviamente, el Ministerio debió dar de baja a quienes figuran en ese informe. Además, Tolosa Paz sostuvo que profundizará la articulación y el entrecruzamiento de datos con otros organismos del Estado para validar la identidad de todos los beneficiarios de los planes sociales y, en caso de hallarse incompatibilidades, suspenderlos “inmediatamente”. No podía decir ni hacer otra cosa, en realidad.
Pero es difícil que se ponga a investigar posibles nexos entre los transgresores si estos, en número importante, responden a una organización o movimiento social en particular. Esa será tarea de la Justicia. ¿Podrá echar luz sobre el fondo de esta operación?
Estamos hablando, en concreto, de 253.184 beneficiarios que cobraron este mes 27.275 pesos del Programa Potenciar Trabajo, pero, según Afip, “realizaron una manifestación patrimonial en las declaraciones juradas de Bienes Personales”. Y al menos 35.398 beneficiarios efectuaron “alguna compra de divisas con fines de ahorro en los últimos seis meses”.
Detengámonos en este último dato. Con el dinero que cada uno cobró en noviembre, apenas les alcanzaría para adquirir 100 dólares. No invalidemos la posibilidad de que estas personas puedan realizar ese ahorro mensual, porque habrían declarado Bienes Personales. Esto solo alcanzaría para demostrar que el Estado no controla como se debe el proceso de asignación de los planes sociales.
El punto es que si unas 35 mil personas compran 100 dólares cada una, en total adquieren unos 3,5 millones de dólares por mes. Si lo hicieron durante seis meses, tendrían unos 21 millones de dólares.
Tanto el Ministerio como la Justicia debieran poder demostrar dos cosas muy distintas. Por un lado, si hay beneficiarios que cobran un plan cuando no lo necesitan; y, en la medida de lo posible, quién autorizó su ingreso. Por otro lado, si no hay justos beneficiarios que están siendo usados por terceros para, entre otras operaciones indebidas, comprar dólares.
Porque, como dice el refrán, hecha la ley, hecha la trampa. Hay personas con excedentes de dinero que no pueden comprar dólares en el mercado oficial por los cepos vigentes. Podrían estar haciéndolo a través de los beneficiarios de los planes, que ahora se quedarán sin cobertura por la inescrupulosa acción de otros.
Necesitamos un Estado inteligente que pueda estar cerca de los sectores vulnerables y que sepa sancionar a los pícaros de siempre.
