El fallo condenatorio a Lázaro Báez, sus hijos y otros allegados por lavado de dinero en la causa conocida como Ruta del Dinero K arroja una sensación de alivio y otorga confianza a la mayoritaria ciudadanía argentina que confía en una Justicia independiente.
El Tribunal Oral Federal 4 pudo probar que el empresario contratista vinculado a la familia Kirchner lavó 60 millones de dólares entre 2010 y 2013 a través de la obra pública, con lo que a partir de ahora toma gran trascendencia la causa vinculada sobre obra pública en la que es juzgada la ex presidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Esta decisión judicial constituye un gran aval a la investigación periodística que, en su momento (marzo de 2013), dio paso a la acción judicial que termina con este veredicto contundente.
El caso de Báez constituye un hito en la trama de corrupción en el Estado, el punto de partida de una gigantesca organización dedicada a valerse de los recursos públicos para beneficio de la ex familia presidencial a través de testaferros confiables, como Báez.
El cobro de sobreprecios en contratos de obra pública pensados solamente para las empresas de Báez y luego devueltos a través de alquileres de inmuebles y hoteles de los Kirchner, que dieron paso a los casos judiciales Hotesur y Los Sauces, demostró una trama de tal magnitud que le resultó imposible contrarrestar judicialmente a la parte acusada.
A ello se suma el blanqueo de importantísimas sumas de dinero sacadas y vueltas a ingresar a la Argentina bajo la batuta del ahora condenado Báez.
¿Por qué señalábamos al comienzo de este artículo el estímulo que supone a la mayoría de los argentinos esta decisión judicial?
Porque en nuestro país se ha instalado desde hace tiempo una sensación de impunidad en el ejercicio del poder que sobresale cada vez más y que muchas veces, la mayoría, se ampara a modo de excusa en la lentitud e inoperancia del andamiaje judicial en el país.
Que la Justicia argentina tiene falencias notorias es sabido, pero de ningún modo esa inoperancia puede ser argumento para enmascarar acciones delictivas en el ejercicio de la función pública.
Permanentemente el kirchnerismo atribuye todos sus males a una supuesta trama de persecución política con la complicidad de jueces, fiscales y medios de comunicación.
Nada más desacertado.
La causa ahora sentenciada comenzó y terminó durante gobiernos kirchneristas.
Y el comienzo y la finalización se dieron en medio de la enorme presión ejercida políticamente para frenar dichos casos, presionar a magistrados y buscar diluir los trámites en ámbitos a cargo de jueces más afines al pensamiento político del partido gobernante.
Avala lo señalado la constante prédica presidencial poniendo en tela de juicio el accionar de la justicia penal federal, la cuestionada reforma judicial aun no aprobada por el Congreso y la renuncia que hizo la Oficina Anticorrupción del gobierno nacional, a comienzos de la gestión, a la condición de querellante del Estado en las causas Hotesur y Los Sauces, que, como indicábamos, comprometen seriamente en lo judicial a la actual Vicepresidenta.
En síntesis, el fallo condenatorio a Lázaro Báez y cómplices aparece como una señal de esperanza a favor de que haya justicia en un momento donde la impunidad predomina.
