Con un fallo de gran contundencia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación desbarató una estrategia del kirchnerismo para ejercer mayor control en el Consejo de la Magistratura, el organismo con rango constitucional para nombrar, sancionar y desplazar a los jueces.
Hace un tiempo, mediante un decreto firmado por Cristina Fernández de Kirchner, en su condición de presidenta del Senado, la Cámara alta burló la representación que tiene la oposición en la Magistratura al dividir en dos el bloque mayoritario, que pertenece al kirchnerismo.
De ese modo, generó una segunda minoría en número de integrantes, desplazando al senador por Juntos por el Cambio Luis Juez por un legislador muy identificado con el sector del oficialismo más cercano a Cristina de Kirchner, Martín Doñate.
Ante una demanda encabezada por el propio senador desplazado, la Corte estudió el tema y se expidió en contra de la vigencia del mencionado decreto, calificando a la maniobra orquestada como de “apariencia de legalidad” y con la intención de lograr “la instrumentación de un artificio, o artimaña, para simular un hecho falso… con ánimo de obtener un rédito o beneficio ilegítimo…”.
También consideraron los jueces supremos que el decreto de la Vicepresidenta fue como un ardid que “procura lesionar la exigencia de representación política (en este caso con relación a las minorías), aspecto de suma trascendencia para la forma de gobierno representativa adoptada por el texto constitucional argentino y, en definitiva, su ideario democrático”.
Debe recordarse que una ampliación del número de miembros del Consejo de la Magistratura fue dispuesta por una sentencia de la Corte Suprema en diciembre pasado, al ser declarada inconstitucional la conformación de 13 miembros que tenía el organismo.
El número de integrantes se elevó a 20, con lo cual ambas cámaras del Congreso debieron nombrar a nuevos representantes.
Esa oportunidad pretendió aprovechar el oficialismo con un burdo procedimiento, como bien señala en sus fundamentos la Corte, pero con la finalidad de procurar ejercer influencia para que el nombramiento de nuevos jueces o su remoción cuenten con el aval político del kirchnerismo.
Se trata de una obsesión histórica de dicho sector político con la principal intención de neutralizar las causas que se generaron en contra de Cristina Kirchner, durante sus dos presidencias, y muchos de sus colaboradores.
Para ello siempre se impuso la intención de dominar las distintas instancias de la Justicia mediante mecanismos ideológicos.
Y, como parte de la estrategia, se dio paso al relato vigente de una persecución político-judicial nunca sustentada con pruebas claras.
Expertos en derecho constitucional coinciden en que el reciente fallo de la Corte Suprema descartando la turbia designación de un senador oficialista en la Magistratura constituye un acto de garantía institucional, por haber dispuesto poner un freno a una verdadera artimaña con fines meramente políticos en un organismo decisivo para velar por la calidad de la administración de justicia.
Una mirada que confronta con la de los representantes del oficialismo en el Senado, que además de criticar la resolución judicial advierten sobre el riesgo de un conflicto de poderes derivado de la misma.
En todo caso, un nuevo conflicto entre poderes del Estado generado por el propio kirchnerismo.
