Desinteligencias en el bloque propio y la tensión que generan en el oficialismo las disputas en el más alto nivel del poder, impidieron en los últimos días que el Senado debatiera la iniciativa para ampliar a 25 el número de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Pero no sólo la tensión existente parece haber desanimado a los senadores del kirchnerismo. También se puso firme el senador Adolfo Rodríguez Saá, quien antes de la alocada iniciativa promovida con el apoyo de muchos gobernadores había presentado su propio proyecto para que el número de integrantes del máximo tribunal pasara de 5 a 9, como era en la época de la presidencia de Carlos Menem.
Rodríguez Saá no sólo consideró inconveniente la propuesta para subir a 25 miembros, sino que, además, habría dudado de que esa eventual conformación realmente respondiera al concepto de federalismo que se pregona desde el Gobierno para respaldar el proyecto.
Ahora el debate de la propuesta parece haber ingresado en un impasse tanto por el receso invernal de actividades en el Congreso como por la nebulosa que lanzó el senador sanluiseño con su planteo. Por otro lado, la oposición no dio ninguna señal de acuerdo para tan solo dar quórum ante la alocada iniciativa.
Es que, como ya hemos señalado en este espacio ante la presentación del proyecto, la pretendida ampliación del número de miembros de la Corte Suprema de 5 a 25 lo que muestra es otro claro intento del gobierno nacional por neutralizar la independencia del Poder Judicial. No es el primer intento del kirchnerismo, pero en este caso la alevosía desborda cualquier límite de tolerancia.
La promoción de la iniciativa, ahora con el empuje de los gobernadores justicialistas, hace visible el propósito de facilitar la obtención de mayorías necesarias en el Congreso para llevar adelante semejante atropello institucional.
Si cada provincia aspira a estar representada en la eventual ampliación del máximo tribunal de justicia del país cabe pensar en una conformación del mismo que responda mayoritariamente al espacio gobernante. De ese modo cabe pensar qué nivel de ecuanimidad e imparcialidad se puede esperar de un tribunal notoriamente influido por la política cuando en un plenario de 25 miembros máximos presentes la mayoría se obtiene con 13 votos.
Lo que se desprende es que el verdadero propósito de este ataque político orquestado consiste en desbaratar el accionar de una Corte Suprema de Justicia que ha demostrado con el tiempo mantener verdaderamente su independencia de toda influencia política. Una nueva evidencia de que, en general, la dirigencia partidaria argentina poco y nada soporta el control republicano que debe observar el Poder Judicial.
No cuesta mucho deducir, lamentablemente, que la propuesta lleva el sello político de los sectores más radicalizados del oficialismo de turno y que forma parte, como un capítulo más, del enfrentamiento de la vicepresidenta de la Nación y sus seguidores con la Justicia por la investigación de numerosos hechos de corrupción que marcaron a los gobiernos kirchneristas entre 2003 y 2015.
Por todo ello será vital el cuidado que observe sobre este tema la oposición en el Congreso, con el fin de custodiar la independencia de poderes y con ella la absoluta libertad de la Justicia.
