El acceso al hábitat y a la vivienda propia es una meta con la que sueñan miles de mendocinos y mendocinas, y que por diferentes razones no se puede cumplir. Cualquier recorrida que se haga por el territorio del Gran Mendoza y el sector Norte provincial, con preferente atención a los departamentos de Luján de Cuyo, Maipú, Guaymallén y Lavalle, permitirá observar una cantidad de barrios populares o asentamientos, de bajísimas condiciones en materia de infraestructura y servicios, apartados en ocasiones de los centros de abastecimiento de mercaderías y también alejados de los centros de salud y establecimientos de educación.
En esos lugares se vive mal y encima están ubicados, en la mayoría de los casos, a trasmano de los núcleos de abastecimiento, educación, recreación y salud.
Según datos relevados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), la población mendocina asciende a 2.014.533 personas. Se ubica detrás de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Un porcentaje importante de ese número padece severas condiciones de vivienda, algo injusto para esos habitantes, pero que afecta de manera cruel a la población infantil y juvenil, obligada a ocupar una vivienda inadecuada o construida con materiales precarios, carente de servicios básicos.
El acceso al hábitat y a la vivienda digna es fundamental para garantizar otros derechos como la salud, la educación y el trabajo. Sin embargo, actualmente 32% de los hogares de Argentina –4.000.000 hogares– habita en viviendas deficitarias, según estimaciones del Observatorio Federal Urbano (año 2010).
Más cerca de la actualidad, el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas (Censo 2022) dio como resultado que cuatro de cada diez mendocinos no posee casa propia.
Otro indicador preocupante es que 31% de las casas no tiene cloacas.
El mismo porcentaje corresponde a unidades que no poseen electricidad ni gas.
Es crudo pero real: los indicadores de vivienda del Censo 2022 no son nada buenos para Mendoza.
De ese total que conforma el 40% de habitantes que no tienen casa propia, un tercio vive en viviendas compartidas con otros hogares y/o de precaria calidad constructiva.
Por su parte, los dos tercios restantes lo hacen en unidades que requieren ampliaciones y/o mejoras clave para la calidad de vida.
Con respecto a todo el país, Mendoza está entre las cinco provincias con mayor déficit habitacional: en primer lugar, se ubica CABA, con el 48%; Tierra del Fuego con 44%; Santa Cruz con 42% y Córdoba con 41%.
Como se ve, la problemática del déficit habitacional mendocino es muy compleja.
Una parte de todo ese enmarañado panorama lo constituye la falta de integración socio-urbana de unos 320 barrios populares o asentamientos, en todo el territorio.
Esta situación debe ser paulatinamente corregida con la aplicación de leyes nacionales y provinciales y ordenanzas municipales.
Resulta un mazazo el tener que asimilar que amplios sectores urbanos de Capital y departamentos aledaños ofrezcan altos estándares de calidad de vida y servicios, lo cual es altamente positivo y hace al desarrollo genuino de una comunidad, pero por contraste, a pocos kilómetros, la realidad golpea muy duramente con la existencia de núcleos habitacionales donde las familias viven en condiciones de pauperización extrema, en medio de muchas necesidades.
Hay que brindarles la posesión dominial de esos terrenos y auspiciar, con una variedad de herramientas disponibles, como por ejemplo la olvidada ayuda mutua, que los mismos damnificados vayan mejorando sus hogares, contando por supuesto con la urbanización planificada a través de la gestión de los municipios.
